Ante el clima de violencia que hay en el país, en el que cuatro de cada 10 niños entre 12 y 17 años son víctimas de maltrato, las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes carecen de personal así como de presupuesto para atender a los menores de edad.
Especialistas coincidieron en la importancia de dotar a estas instancias con los suficientes recursos y personal capacitado para su operación, puesto que consideraron que son organismos valiosos en la atención y prevención de la violencia.
Cálculos del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) estiman que se requiere de 2 mil 500 millones de pesos al año para que las procuradurías infantiles funcionen de manera «óptima». En 2014 la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred) precisó que cuatro de cada 10 niños y niñas de 12 a 17 años, de 47 ciudades de México, fueron víctimas de delito o maltrato.
Las procuradurías operan con apenas 27% de la cantidad necesaria para su óptimo funcionamiento, requieren de recursos equiparables al costo de construcción de obras públicas como la Estela de Luz, en la que se erogaron mil 304 millones de pesos; el Tren México-Toluca, con 17 mil 840 millones de pesos, y el Paso Exprés de Cuernavaca, con mil 796 millones de pesos, para dar una atención adecuada a 233 mil niños.
Información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que seis de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre uno y 14 años han vivido algún método agresivo de disciplina en sus hogares. Además, uno de cada 15 ha recibido alguna forma de castigo físico severo, como jalones de orejas, bofetadas, manotazos e incluso golpes fuertes.
El Inegi destaca que en 2015 se registraron mil 57 homicidios de niñas, niños y adolescentes: 2.8 cada día. De 2014 a 2015 los asesinatos de adolescentes de entre 15 y 17 años se incrementaron 3.8%. También, en tres de cada 100 casos de muertes de niños y adolescentes (de cero a 17 años) hubo violencia familiar.
Para Marta Santos, representante especial del titular de la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, en México, dijo que hay situaciones preocupantes como una «altísima tasa» de menores de edad desaparecidos o que han sido víctimas de grupos del crimen organizado y de pandillas, por lo que la atención y prevención de la violencia debe ser prioridad.
«Necesitamos promover una institucionalidad en el país que permita que en lugar de tener medidas aisladas de intervención de distintas autoridades exista una convergencia de esfuerzos», mencionó. Reconoció que aún hay retos estructurales en las procuradurías, sobre todo en materia de recursos financieros, por lo que se requiere de un presupuesto «visible, firme y consolidado» para una mejor difusión y funcionamiento de los mecanismos de protección de la niñez.
Esmeralda Arosemena, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resaltó que México tenga un sistema que garantiza la protección integral de ese sector de la población. Señaló que aunque a la sociedad le gustaría que los avances fueran rápidos, la complejidad de la República implica que su implementación sea paulatina.
Consideró a las procuradurías como «unidades valiosas», pero deben ser dotadas del presupuesto suficiente para su funcionamiento. Enfatizó que se requiere de mayor inversión en la niñez, a fin de contribuir en la prevención de la violencia y que una vez que se han vulnerado los derechos humanos de ese sector, les sean restituidas sus garantías.
El Informe sobre el costeo de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en las entidades federativas, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, destaca la necesidad de mayores recursos para la atención de la infancia, puesto que estos órganos operan con pocos recursos tanto económicos como humanos, además de carecer de personal capacitado para la atención de menores víctimas de algún tipo de violencia.
Dora Giusti, jefa de Protección de Unicef, destacó que al ser organismos relativamente nuevos los cuales se crearon con la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes de 2014 aún se desconoce su función, por lo que la invisibilidad y el bajo presupuesto generan un «círculo vicioso», en el que se destinan pocos recursos y los menores de edad no son atendidos.
Resaltó que se requiere de compromiso político de parte de los estados para destinar recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de las procuradurías de Niños, Niñas y Adolescentes. Hoy estas instancias operan con 27% del presupuesto necesario, por lo que los menores de edad que han sido víctima de algún tipo de violencia o alguno de sus derechos fue vulnerado no están recibiendo suficiente atención, subrayó.
Explicó que con base en estadísticas oficiales, Unicef estimó que 233 mil niños son la población objetiva de las procuradurías infantiles, por lo que calculó que con un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos al año estos organismos podrían tener un equipo multidisciplinario que atienda 25 casos al mes, lo que representa 300 casos anuales, con lo que se ofrecería una mejor atención a la niñez.
vía El Universal
