En el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo correspondiente al 2017, Human Rights Watch (HRW), determinó que hubo más de 100 casos de violaciones serias de derechos humanos cometidas por militares en el país.
Según HRW, México ha usado activamente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, que ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos.
Desde 2006, y hasta julio de 2016, la CNDH recibió 10 mil denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, de las que se desprenden 2 mil durante el gobierno actual.
Un estudio ejecutado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), reveló que el nivel de efectividad de las investigaciones realizadas por la PGR en casos de abusos militares contra civiles, es prácticamente nulo.
En el reporte del organismo que se difundió en noviembre de 2017, destaca que en un periodo de 4 años, entre 2012 y 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) dio apertura a un total de 505 carpetas de investigación contra elementos de las fuerzas armadas, sin embargo de dichos casos, sólo se emitieron 16 sentencias condenatorias en el sistema de justicia civil.
En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para establecer que los abusos cometidos contra civiles por militares debían ser juzgados en la justicia penal ordinaria en vez del sistema de justicia militar, que en el pasado en general no había asegurado que los militares implicados en abusos rindieran cuentas por sus acciones.
Dos años después, a través de disposiciones incluidas en un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales y en reformas al Código de Justicia Militar, se otorgaron amplias facultades a fiscales y jueces militares para allanar viviendas y edificios públicos e intervenir telecomunicaciones privadas, sin una orden judicial emitida por la justicia penal ordinaria, afirma HRW.
Por ello en junio de 2016, la CNDH objetó la constitucionalidad de estas disposiciones.
Resalta que en noviembre de 2017, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, que autoriza la intervención militar en las actividades de seguridad pública internas -como la obtención de datos de inteligencia- sin prever medidas concretas para mejorar la rendición de cuentas y cuya fecha para impugnar y presentar recursos de inconstitucionalidad en la ley, es el 20 de enero.
Algunos de los casos que resaltan es el de Tlatlaya, donde 22 civiles murieron a manos de soldados en 2014, y según testigos y la CNDH, 12 de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente, nadie ha sido condenado.
Vía SDPnoticias
