La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este jueves 17 de septiembre a las nuevas exigencias de Estados Unidos en materia de seguridad con un llamado a revisar lo que ocurre a ambos lados de la frontera. Desde Palacio Nacional, sostuvo que México atiende sus problemas todos los días y pidió a Washington presentar resultados sobre la persecución de distribuidores de droga, el lavado de dinero, el consumo interno y el tráfico de armas hacia territorio mexicano.
La reacción siguió a la determinación anual del presidente Donald Trump sobre los principales países de tránsito o producción de drogas. El documento estadounidense reconoció incautaciones, destrucción de laboratorios y despliegues adicionales realizados por la administración mexicana, pero reclamó más controles aduaneros, inversión en fuerzas de seguridad y acciones contra funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales.
La discusión cambia hacia la demanda y el dinero
Sheinbaum rechazó que la evaluación sea unilateral. Planteó que un balance completo debe incluir las redes que distribuyen sustancias dentro de Estados Unidos y los circuitos financieros que reciben o blanquean ganancias. La pregunta central, expuesta durante la conferencia matutina, fue qué resultados puede mostrar el Gobierno estadounidense en su propio territorio.
Ese enfoque busca trasladar la conversación de la producción y el tránsito hacia toda la cadena del narcotráfico. Las organizaciones criminales dependen de consumidores, vendedores, mecanismos de cobro, intermediarios y empresas que ocultan recursos. Concentrar la revisión únicamente en el país donde se incautan cargamentos deja fuera una parte esencial del negocio ilícito.
La mandataria también puso sobre la mesa la crisis de opioides y la responsabilidad de tratar el consumo como un asunto de salud pública. Recordó el papel que tuvo la prescripción de medicamentos en la expansión de las adicciones y pidió una mirada crítica sobre las causas internas de esa emergencia, en lugar de atribuirla exclusivamente a las sustancias que cruzan la frontera.
Armas estadounidenses y capacidad de fuego
Otro punto de la respuesta fue el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México. Sheinbaum afirmó que el poder de fuego de la delincuencia organizada no podría explicarse sin ese abastecimiento. La posición mexicana insiste en que el control de drogas debe acompañarse con medidas contra compradores, traficantes y vendedores que permiten que armamento de alto calibre llegue a grupos criminales.
La exigencia de corresponsabilidad no cancela la cooperación bilateral. México mantiene intercambios de información y asistencia con agencias estadounidenses, pero busca fijar dos condiciones políticas: respeto a la soberanía y evaluación equilibrada de las obligaciones de cada gobierno. El punto de fricción aparece cuando Washington formula demandas públicas y presenta sus criterios como una medición del desempeño mexicano.
Trump reconoció en su documento el aumento de decomisos y las operaciones mexicanas contra laboratorios y dirigentes criminales. Al mismo tiempo, consideró insuficiente la inversión en seguridad y pidió investigar a servidores públicos que pudieran colaborar con cárteles. Sheinbaum respondió que su gobierno actúa cuando existen investigaciones y pruebas, y rechazó las generalizaciones sin expedientes concretos.
Cooperación sin supervisión unilateral
El intercambio revela la tensión permanente entre coordinación y autonomía. Ambos países comparten una frontera de más de 3 mil kilómetros, cadenas comerciales profundas y amenazas criminales que operan de manera transnacional. Ninguno puede desmontar esas redes por separado, pero cada administración enfrenta presiones internas para demostrar firmeza frente al vecino.
La postura mexicana propone medir al menos cuatro frentes: reducción de la oferta, persecución de distribuidores, control del dinero y disminución de la demanda. A ello agrega la contención del tráfico de armas. Bajo ese esquema, los resultados no se limitan al número de capturas o toneladas decomisadas, sino que deben incluir el debilitamiento financiero de los grupos y la atención a las adicciones.
Sheinbaum resumió su posición al señalar que México conoce sus problemas y actúa sobre ellos, sin aceptar que una evaluación externa sustituya a sus instituciones. El debate continuará dentro de una relación que necesita cooperación operativa diaria, incluso cuando los discursos públicos elevan el tono. La prueba será convertir el principio de responsabilidad compartida en reportes comparables y acciones verificables en ambos territorios.
Fuentes: Agencia EFE, Presidencia de México.
