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La senadora Ruth Alejandra López Hernández propuso reformar el Código Penal Federal para aplicar de cuatro a 10 años de prisión a quien filtre imágenes, audios o documentos relacionados con los hallazgos de un hecho delictivo, así como a quien las difunda, publique o comercialice.
En una iniciativa que se analizará en las comisiones unidas de Justicia, Para la Igualdad de Género, y de Estudios Legislativos, la legisladora de Movimiento Ciudadano sugirió que cuando se trate de feminicidio, la sanción por la filtración, difusión o publicación de la información se incremente en una tercera parte.
López Hernández indicó que con esta propuesta no sólo se busca que prevalezca y respete el principio de confidencialidad en toda investigación, sino proteger y garantizar la dignidad de las víctimas.
Lamentablemente los feminicidios y homicidios dolosos en contra de mujeres han abierto otro frente: la filtración de imágenes de aquellas que fueron asesinadas. Este tipo de prácticas, consideró la senadora, violenta los derechos y dignidad de las víctimas, además de fomentar la revictimización.
Recientemente la Ciudad de México, a través de su Poder Legislativo, aprobó la denominada Ley Ingrid, con la finalidad de sancionar a aquellos servidores públicos que difundan imágenes de víctimas.
Esta legislación tuvo origen por el lamentable feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas, caso donde la información confidencial y reservada de la investigación no fue protegida y se filtró en distintos medios de comunicación.
Esa acción, aunada a la brutalidad de lo sucedido, generó una indignación y reclamo en la sociedad, ya que la difusión de imágenes únicamente atentaba contra la dignidad de la víctima.
La legisladora refirió que en México 11 mujeres son asesinadas todos los días. Tan sólo en 2020 se registraron 939 feminicidios y dos mil 791 casos de mujeres víctimas de homicidio doloso.
