La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra 21 personas y 25 empresas a las que vincula con la estructura encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias el Mayito Flaco. La designación describe una red con operaciones en Sinaloa, Durango y Baja California y señala conexiones entre mandos criminales, facilitadores financieros, negocios y figuras con influencia política.
La acción tiene efectos financieros: los bienes e intereses de los designados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y las personas sujetas a las leyes de ese país tienen prohibido realizar transacciones con ellos. La sanción administrativa no equivale a una sentencia penal en México, pero restringe el acceso al sistema financiero internacional y eleva el riesgo para compañías que mantengan relaciones comerciales con los señalados.
La OFAC coloca al Mayito Flaco en el centro de la estructura
El Tesoro identifica a Zambada Sicairos como dirigente de una facción surgida del antiguo Cártel de Sinaloa. Es hijo de Ismael el Mayo Zambada y ha sido ubicado como una de las figuras centrales de la disputa criminal que afecta al noroeste del país. La designación incluye a colaboradores a quienes la autoridad estadounidense atribuye tareas de seguridad, financiamiento, logística y administración de ingresos.
Entre los nombres mencionados están los hermanos Jorge Luis y Francisco Mendoza Uriarte. La autoridad describe a Jorge Luis, conocido como el Güero Chompas, como jefe de seguridad de la facción. También aparece Hildegardo Gastélum García, alias Aldo, señalado como uno de los asesores cercanos de Zambada Sicairos y como propietario de un negocio hotelero en Culiacán.
El señalamiento contra Carlos Torres llega a Baja California
La lista incluye a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. La OFAC sostiene que utilizó influencia política para facilitar o proteger actividades del grupo y lo relaciona con Juan José Ponce Félix, alias el Ruso, identificado como operador de la facción en Mexicali. Las afirmaciones corresponden a la autoridad estadounidense y deberán ser examinadas en los procedimientos competentes.
Torres había rechazado previamente que una investigación en México estuviera sustentada en hechos. La gobernadora, por su parte, defendió la seriedad de la Fiscalía General de la República y pidió que las indagatorias aclararan la situación. La nueva designación añade presión política porque transforma sospechas difundidas durante meses en una medida formal del Departamento del Tesoro.
La comunicación estadounidense también relaciona a Torres con Pedro Mendívil, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali que fue detenido en julio por delitos de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa, y posteriormente quedó en libertad. Otro nombre es Rafael Buenrostro Marín, exfuncionario de Aduanas y antiguo asesor en la Cámara de Diputados de Baja California.
México anuncia un bloqueo preventivo
Después del anuncio, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que incorporaría a los sujetos designados por la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas. La UIF precisó que se trata de una medida preventiva de carácter administrativo. El movimiento permite inmovilizar cuentas y revisar operaciones dentro del sistema financiero mexicano mientras las autoridades determinan si existen elementos para otras acciones.
La red descrita también incluye a José Ángel Rivera Zazueta, alias Don Flaco, detenido recientemente en Ciudad de México. Las autoridades mexicanas lo han señalado como coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos. Su captura y la lista de sanciones muestran una coordinación creciente entre investigaciones financieras y operaciones de seguridad.
Las sanciones abren una ruta de investigación
La medida no cierra los casos. Las acusaciones financieras necesitan traducirse en expedientes con pruebas utilizables ante tribunales si se pretende obtener condenas penales. También será necesario distinguir entre vínculos corporativos, propiedad de activos y participación directa en delitos. La amplitud de la lista, con 25 empresas, obliga a revisar estructuras mercantiles y beneficiarios finales.
El anuncio golpea a una organización que, de acuerdo con Estados Unidos, financia su operación mediante narcotráfico y negocios utilizados para mover recursos. Al mismo tiempo, extiende el impacto hacia el ámbito político de Baja California. Las autoridades mexicanas tendrán que informar qué investigaciones están abiertas, qué activos fueron bloqueados y qué recursos legales pueden ejercer las personas incluidas.
Fuentes: Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Unidad de Inteligencia Financiera, El País.
