El Senado de la República autorizó el ingreso a México de 139 integrantes del Ejército de Estados Unidos para participar en actividades de adiestramiento en la base militar de Santa Gertrudis, Chihuahua. La resolución fue aprobada por unanimidad con 75 votos a favor y permite que el contingente permanezca en territorio nacional del 20 al 30 de septiembre.
Los militares pertenecen a la 101 División Aerotransportada estadounidense y llegarán a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de su país. La autorización incluye el ingreso con armamento, una condición que requiere permiso expreso del Senado conforme a las atribuciones constitucionales de la Cámara alta sobre el tránsito de tropas extranjeras.
Una solicitud enviada con carácter urgente
La petición fue remitida por la presidenta Claudia Sheinbaum para resolución urgente. El argumento central es que el ejercicio fortalecerá la preparación individual y colectiva de los participantes y permitirá perfeccionar mecanismos de cooperación militar entre México y Estados Unidos. Santa Gertrudis se localiza a unos 520 kilómetros al sur de la frontera y es una de las principales instalaciones de capacitación de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El periodo autorizado abarca diez días. Durante ese lapso, las tropas estadounidenses se integrarán a tareas de formación previamente acordadas con sus contrapartes mexicanas. La resolución legislativa delimita participantes, sede y fechas, por lo que no constituye un permiso abierto para operar fuera del programa aprobado.
La unanimidad en el pleno reflejó el respaldo de las bancadas a un intercambio presentado como parte de la cooperación regular entre fuerzas armadas. La votación también formalizó el control del Poder Legislativo sobre la presencia temporal de personal militar extranjero, incluso cuando la actividad propuesta es de entrenamiento.
Es la cuarta autorización de 2026
El permiso es el cuarto concedido durante el año para el ingreso de militares estadounidenses, aunque es el primero que involucra a más de un centenar de efectivos. En febrero, el Senado autorizó la llegada de 19 elementos para un ejercicio especializado con la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina en Campeche.
Ese mismo mes se aprobó el ingreso de 12 integrantes del Séptimo Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte. En abril se autorizó a otros 12 militares para colaborar en el fortalecimiento de capacidades de unidades de fuerzas especiales entre julio y diciembre de 2026.
El nuevo contingente es considerablemente mayor que los anteriores y pertenece a una de las divisiones más conocidas del Ejército estadounidense. La 101 División Aerotransportada tiene experiencia en operaciones de asalto aéreo y despliegue rápido, aunque la misión autorizada en México está circunscrita a capacitación.
Cooperación bajo escrutinio político
La llegada ocurre en un contexto de atención pública sobre el alcance de la colaboración de seguridad entre ambos países. Chihuahua fue escenario meses atrás de una controversia relacionada con la presencia de agentes de inteligencia estadounidenses. Ese antecedente elevó la sensibilidad política alrededor de cualquier despliegue extranjero, aun cuando cuente con autorización legislativa.
El Gobierno mexicano ha insistido en que la cooperación debe respetar la soberanía y realizarse mediante canales institucionales. El trámite ante el Senado forma parte de esos controles: la Presidencia presenta las características de la misión y los legisladores deciden si permiten el ingreso, el armamento, el transporte y el tiempo de estancia.
El ejercicio se desarrollará en un momento de intensa coordinación bilateral contra el tráfico de drogas y armas, pero la resolución no asigna al contingente funciones policiales ni de combate. Su mandato se limita al adiestramiento en instalaciones de la Defensa. Tampoco implica la instalación permanente de tropas estadounidenses en México.
Al concluir las actividades el 30 de septiembre, el grupo deberá salir del país en los términos aprobados. La magnitud del contingente y la ubicación de la base convierten este ejercicio en uno de los intercambios militares más visibles del año. Su desarrollo será una prueba del modelo de cooperación que ambos gobiernos presentan como compatible con la supervisión legislativa y el respeto a las competencias nacionales.
Fuentes: Senado de la República, EL PAÍS.
