El Gobierno de Bolivia aprobó un decreto para ampliar durante otros 90 días el estado de excepción que rige en el país desde el 20 de junio. La decisión fue adoptada por el gabinete del presidente Rodrigo Paz y todavía necesita el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional antes de entrar en vigor, debido a que el periodo actual concluye el 18 de septiembre.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó el acuerdo al terminar una reunión del Ejecutivo. La propuesta mantiene la medida mientras persistan los factores de riesgo que llevaron a declarar la emergencia: bloqueos de carreteras, episodios de violencia, interrupciones en el suministro de productos esenciales y daños sobre la actividad económica.
El Parlamento tiene la siguiente decisión
La normativa boliviana establece que la Asamblea debe analizar el decreto en un plazo de 72 horas. El senador opositor Milton Quispe explicó que la aprobación requiere mayoría simple. De ese modo, el debate legislativo determinará si las facultades extraordinarias continúan durante el último trimestre del año o si el país vuelve al régimen ordinario al terminar la vigencia actual.
La comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados ya aprobó un proyecto de resolución favorable a la ampliación. Sus impulsores argumentan que existen anuncios de nuevas movilizaciones de sectores sociales y que es necesario proteger la reactivación económica. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, también defendió la extensión al señalar que existe un amplio respaldo ciudadano.
La oposición ha expresado reservas. El expresidente Jorge Tuto Quiroga, dirigente de la principal fuerza opositora en el Parlamento, advirtió que prolongar la excepción podría retrasar el proceso de reforma constitucional promovido para atraer inversión extranjera. El debate enfrenta así dos prioridades: preservar la circulación y la estabilidad inmediata, y evitar que el régimen extraordinario interfiera con la agenda institucional.
Siete semanas de bloqueos precedieron la medida
La crisis se agudizó entre mayo y junio, cuando la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana organizaron cierres de carreteras, principalmente en el occidente y el centro del país. Grupos afines al expresidente Evo Morales respaldaron las protestas, cuyo principal reclamo fue la renuncia del presidente Paz.
Los bloqueos interrumpieron rutas de abastecimiento y dejaron a distintas ciudades con escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. El balance disponible atribuye al conflicto al menos 16 fallecimientos; trece de esas muertes estuvieron relacionadas con la falta de atención médica oportuna por las dificultades para trasladar pacientes e insumos. Las pérdidas económicas fueron calculadas en más de 3 mil millones de dólares.
Después de negociaciones con organizaciones sociales, incluida la Central Obrera Boliviana, el Ejecutivo declaró el estado de excepción el 20 de junio. La medida permitió desplegar de manera conjunta a policías y militares para despejar caminos y restablecer el tránsito en corredores que habían quedado cerrados durante semanas.
Una prórroga marcada por controles y contrapesos
La ampliación no será automática. El texto deberá publicarse, llegar formalmente al Legislativo y superar la votación dentro del plazo constitucional. Ese procedimiento mantiene un contrapeso parlamentario sobre las facultades del Ejecutivo y abre espacio para que oficialismo y oposición discutan duración, alcance y justificación.
El Gobierno sostiene que la amenaza de nuevos bloqueos sigue presente. Los opositores, en cambio, piden evaluar si las condiciones que justificaron la declaratoria continúan con la misma intensidad. La discusión también incluye el efecto de las restricciones sobre derechos de reunión, circulación y protesta, así como la obligación estatal de garantizar servicios médicos y abastecimiento.
La fecha decisiva será el 18 de septiembre. Si la Asamblea avala el decreto, Bolivia encadenará un segundo periodo de 90 días bajo estado de excepción. Si lo rechaza o no completa el trámite, la medida vigente deberá concluir. En ambos escenarios, el Gobierno enfrentará el reto de mantener abiertas las rutas sin reactivar un ciclo de confrontación que ya tuvo un costo humano y económico elevado.
Fuentes: Agencia EFE.
