Buenos Aires, Argentina. El presidente Javier Milei reunió el lunes 7 de septiembre a su gabinete en la Casa Rosada para evaluar el alcance de los anuncios sobre las islas Malvinas que había presentado cuatro días antes en cadena nacional. La Presidencia informó que el encuentro puso especial atención en el impacto mediático y general de las medidas y en los pasos administrativos y legislativos necesarios para llevarlas adelante.
El proyecto irá primero a la Cámara de Diputados
Durante la reunión, el Ejecutivo resolvió que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional inicie su tratamiento en la Cámara de Diputados. La iniciativa busca reforzar la respuesta estatal frente a actividades que Argentina considera contrarias a su reclamo sobre el archipiélago, administrado por el Reino Unido desde 1833.
El texto anunciado por Milei contempla endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 para empresas y proveedores que participen en la exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. Entre las consecuencias planteadas figuran la prohibición de contratar en el país y, cuando corresponda, la posibilidad de avanzar judicialmente en ausencia.
La propuesta también incluye la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articule a las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Ese organismo tendría la tarea de coordinar una política obligatoria para el Estado y responder mediante herramientas económicas y diplomáticas ante acciones de actores estatales o privados.
Sanciones por el proyecto petrolero Sea Lion
El gobierno argentino inició el procedimiento para sancionar a 45 personas y empresas vinculadas con tareas de exploración y producción petrolera alrededor de las islas. Milei enfocó sus señalamientos en Sea Lion, un yacimiento situado unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, cuya producción está prevista para comenzar en 2028.
Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, responsables del proyecto bajo licencias otorgadas por el gobierno isleño y respaldadas por Londres, comunicaron que las medidas argentinas no modificarían materialmente su calendario de desarrollo. Argentina considera que la explotación de esos recursos carece de autorización y se realiza en aguas sobre las que mantiene un reclamo de soberanía.
Fondos para una base naval en Tierra del Fuego
Otro componente revisado por el gabinete fue el envío de recursos para continuar la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. El Ejecutivo presenta la obra como una pieza para ampliar la capacidad logística argentina en el Atlántico Sur y fortalecer su proyección hacia la Antártida.
La agenda inmediata quedó distribuida entre varias áreas. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, fueron incorporados a la mesa política prevista para el martes, mientras el gabinete estableció reuniones fijas cada lunes a las 10:00 para dar seguimiento a la gestión y a las decisiones sobre Malvinas.
Una disputa sostenida desde el siglo XIX
Argentina sostiene que el Reino Unido ocupa las islas desde 1833 y mantiene su reclamo incorporado en la Constitución. Londres afirma que defenderá el derecho de los habitantes a decidir su futuro; en el referéndum de 2013, 99.8 por ciento votó por conservar la condición de territorio británico de ultramar.
La disputa derivó en una guerra en 1982, cuando la dictadura argentina tomó el archipiélago y el Reino Unido lo recuperó después de 73 días. Murieron 649 militares argentinos y 255 británicos. Las medidas examinadas por el gabinete de Milei se concentran ahora en instrumentos legislativos, económicos, diplomáticos y logísticos, sin anunciar una operación militar.
Fuentes: Agencia EFE, Associated Press, TN.
