La administración de las reservas de oro de Argentina volvió al centro de la discusión pública después de que la Auditoría General de la Nación detectara una pérdida de 1,023 millones de dólares en operaciones financieras realizadas por el Banco Central durante 2025. El hallazgo abrió un choque entre el organismo fiscalizador y el Gobierno de Javier Milei, que defiende las transacciones como una cobertura y sostiene que la posición total en el metal precioso terminó con resultado positivo.
El informe examinó los estados contables del Banco Central de la República Argentina y observó que la institución contrató derivados liquidables en dólares cuyo activo subyacente era el oro. De acuerdo con la auditoría, esas operaciones generaron un resultado negativo equivalente a 1.46 billones de pesos al cierre del ejercicio. El pago se realizó mediante salida de divisas y no con entrega de lingotes o reducción física de las reservas.
El oro aumentó de valor, pero la cobertura fue costosa
Argentina posee 1.98 millones de onzas troy de oro fino, más de 60 toneladas, con una valuación cercana a 8,600 millones de dólares. Esa tenencia representa alrededor de una quinta parte de las reservas del Banco Central. Durante 2025, el alza internacional del metal produjo una ganancia contable de unos 8 billones de pesos, equivalentes a aproximadamente 5,200 millones de dólares.
La controversia surge porque la cobertura contratada estaba diseñada para proteger el patrimonio ante una eventual caída del precio. El movimiento ocurrió en sentido contrario: el oro subió más de 60% y la estructura de derivados limitó parte de ese beneficio. La Auditoría General interpretó que la autoridad monetaria apostó por una trayectoria equivocada y señaló que no había registrado antes una pérdida de ese tamaño asociada con operaciones de riesgo sobre reservas físicas.
El Banco Central rechazó esa lectura. Explicó que una cobertura funciona como un seguro: tiene un costo si el escenario adverso no ocurre, pero reduce el daño si se presenta. La institución afirmó que, después de combinar la apreciación del metal y el costo de los derivados, la posición en oro produjo una ganancia neta de 2,505 millones de dólares durante el año.
Las dudas se concentran en la transparencia
Más allá de la discusión técnica sobre el resultado, legisladores y especialistas cuestionaron que no se hayan divulgado las entidades participantes, las condiciones de contratación y las comisiones pagadas. El diputado socialista Esteban Paulon presentó una denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por presunta malversación de fondos públicos.
La denuncia no constituye una sentencia y deberá ser examinada por la justicia. Su planteamiento incorpora dos asuntos: el costo de 1,023 millones de dólares y la falta de información sobre quién vendió la cobertura y bajo qué términos. El legislador estimó que una operación de esa magnitud pudo involucrar comisiones cercanas a 60 millones de dólares, cifra que también deberá ser acreditada mediante documentos.
El caso reaviva una polémica iniciada en 2024, cuando trabajadores bancarios denunciaron la salida al exterior de unas 13 toneladas de oro. El Banco Central confirmó después transferencias de parte de las reservas, pero invocó razones de seguridad para no revelar el destino. Bausili declaró en septiembre ante el Congreso que el metal había sido llevado a Suiza y aseguró que la operación ya había sido verificada por la Auditoría General. El organismo respondió que su revisión seguía inconclusa debido a demoras en la entrega de información.
Dos lecturas sobre un mismo resultado
La discusión tiene un componente financiero y otro institucional. Desde el punto de vista del Gobierno, la cobertura debe evaluarse junto con la revalorización del oro y no como una operación aislada. Desde la perspectiva de la auditoría, el costo fue extraordinario y se tomó en un contexto de fuerte tendencia alcista, por lo que exige una explicación detallada.
Las próximas revisiones deberán establecer la estructura exacta de los derivados, su plazo, las contrapartes y el proceso interno de autorización. Esos datos permitirán distinguir entre una cobertura prudencial costosa y una decisión especulativa inadecuada. Mientras tanto, el oro argentino, concebido como reserva de seguridad, se convirtió en el centro de una disputa sobre riesgo, rendición de cuentas y capacidad del Estado para documentar el manejo de sus activos estratégicos.
Fuentes: Auditoría General de la Nación, Banco Central de la República Argentina, EL PAÍS Argentina.
