Un juez federal ordenó prisión preventiva contra el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno, acusado por la Fiscalía General de la República de traición a la patria. El exfuncionario permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, a la espera de una nueva audiencia en la que conocerá el alcance de los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público. La causa está vinculada con la participación no autorizada de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas realizado en abril.
La medida cautelar fue dictada después de una audiencia celebrada a puerta cerrada entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles 21 de octubre. La reserva fue solicitada por la FGR con el argumento de que el expediente involucra información de seguridad nacional. La prisión preventiva no equivale a una sentencia: Jáuregui conserva la presunción de inocencia mientras el proceso judicial determina si existen elementos para vincularlo formalmente y, en su caso, llevarlo a juicio.
Dos procesos distintos contra el exfuncionario
Jáuregui enfrenta una investigación estatal y otra federal. La Fiscalía de Chihuahua lo detuvo inicialmente por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Un juez local había autorizado que siguiera ese proceso en libertad condicional, sujeto a la entrega de su pasaporte, la firma periódica y la prohibición de acercarse a testigos.
Al salir del tribunal, agentes federales ejecutaron una segunda orden de aprehensión. Esa orden corresponde a la acusación de traición a la patria y llevó a su traslado al Altiplano. La FGR sostiene que la actuación investigada habría permitido que personal extranjero participara en tareas operativas sin autorización del Gobierno federal. La defensa rechaza esa interpretación y afirma que no existe una orden directa, mensaje o documento que vincule a Jáuregui con la decisión.
El operativo de El Pinal y el accidente de abril
El caso se originó en un despliegue contra un laboratorio de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara. Dos funcionarios estadounidenses identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black acompañaron a elementos de la Fiscalía estatal. Ambos murieron el 19 de abril cuando la camioneta en la que viajaban cayó a un barranco y se incendió. En el vehículo también fallecieron dos integrantes de la corporación chihuahuense.
La investigación estatal ha reunido entrevistas de policías ministeriales, registros de hospedaje, contratos de vehículos y datos de geolocalización. Esos elementos apuntan a que personal estadounidense tuvo presencia prolongada en instalaciones de seguridad de Chihuahua desde octubre de 2025. También se investiga si recibió armas largas y si intervino en despliegues previos en Nonoava y San Francisco de Borja.
Defensa alega motivación política
Jáuregui ha negado haber autorizado la intervención de los agentes y sostiene que el expediente tiene un trasfondo político relacionado con la disputa por candidaturas en Chihuahua rumbo a 2027. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que existiera un acuerdo con la gobernadora Maru Campos para detenerlo y afirmó que las autoridades encontraron elementos que deben revisarse judicialmente. Campos declaró que nadie está por encima de la ley.
El proceso federal deberá establecer quién tomó las decisiones operativas, qué permisos existían y cuál fue el conocimiento efectivo del entonces fiscal. Hasta que un tribunal valore las pruebas y emita una resolución, las imputaciones permanecen como acusaciones. La siguiente audiencia será crucial para definir la situación jurídica de Jáuregui y determinar si la causa avanza bajo la figura penal planteada por la FGR.
Fuentes: Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado de Chihuahua, La Jornada, El País.
