Una multitudinaria movilización en defensa de las universidades públicas argentinas terminó el jueves 15 de octubre con enfrentamientos frente al Congreso en Buenos Aires, 25 personas detenidas y ocho integrantes de las fuerzas de seguridad heridos. Miles de estudiantes, docentes, empleados universitarios, sindicatos y organizaciones sociales habían marchado para exigir al gobierno de Javier Milei la aplicación de una ley que actualiza salarios, becas y gastos de funcionamiento.
La mayor parte de la protesta transcurrió de forma pacífica y concluyó con un acto central a unos metros del Palacio Legislativo. Los incidentes se concentraron junto al vallado de la Gendarmería, donde un grupo lanzó piedras y partes del mobiliario urbano. Los agentes respondieron con gases lacrimógenos, carros hidrantes y el avance de unidades motorizadas e infantería para despejar la zona al caer la tarde.
Una ley aprobada y todavía sin aplicación
El conflicto tiene como eje la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en agosto de 2025. La norma prevé actualizar desde diciembre de 2023 los salarios docentes de acuerdo con la inflación, recomponer las becas estudiantiles y elevar los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones. Milei vetó el texto, pero el Parlamento insistió en octubre de ese mismo año y dejó firme la ley.
Distintas decisiones judiciales ordenaron después su cumplimiento, incluido un fallo de la Corte Suprema emitido en junio. Las universidades sostienen que los fondos transferidos no alcanzan para recuperar el poder adquisitivo perdido ni para cubrir servicios, laboratorios, investigación y mantenimiento. Los recursos del sistema registraron una caída real de 40.5% en el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2023, de acuerdo con un cálculo del Centro de Investigación de Economía Nacional de la Universidad de Buenos Aires.
Renuncias, pluriempleo y facultades ocupadas
La movilización fue precedida por paros, clases públicas y ocupaciones estudiantiles. Representantes gremiales estiman que al menos 10 mil docentes e investigadores dejaron sus cargos desde el inicio de la actual administración. Entre quienes permanecen se extendió el pluriempleo, pues los ingresos universitarios no bastan para sostener el costo de vida.
Las consignas “Milei, cumplí la ley” y “La universidad pública es un derecho, no un privilegio” resumieron el reclamo. En la marcha participaron delegaciones de la Confederación General del Trabajo, las dos centrales CTA, federaciones docentes y agrupaciones políticas. El gobierno defendió el operativo y responsabilizó a grupos encapuchados de provocar la violencia, mientras los organizadores separaron esos hechos del acto convocado por la comunidad educativa.
Dos planos de una misma jornada
La secuencia dejó dos discusiones simultáneas. Una se refiere a las responsabilidades penales por las agresiones, los daños y la actuación de las fuerzas desplegadas. La otra, de mayor alcance, es la disputa presupuestaria que llevó a las universidades a las calles. La existencia de incidentes no resuelve el reclamo sobre el cumplimiento de una norma vigente, y la legitimidad del reclamo tampoco elimina la obligación de investigar conductas violentas de manifestantes o agentes.
El gobierno afronta así una presión que combina al Congreso, los tribunales y una de las instituciones con mayor arraigo social en Argentina. Las autoridades universitarias reclaman una programación financiera estable para concluir el ciclo lectivo y retener personal calificado. La administración nacional mantiene su política de equilibrio fiscal y cuestiona la gestión de los recursos. Tras la protesta, el desacuerdo permanece abierto y las detenciones deberán ser revisadas individualmente por la justicia.
Fuentes: Deutsche Welle, El País.
