La presidenta Claudia Sheinbaum negó que los nuevos lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias tengan como propósito censurar a periodistas o sancionar el contenido de la comunicación. La mandataria sostuvo que las disposiciones buscan establecer obligaciones para concesionarios y mecanismos de atención a los usuarios.
Qué dijo la presidenta
Durante su conferencia matutina de este viernes 31 de julio, Sheinbaum explicó que las sanciones no estarían vinculadas con opiniones, reportajes o comentarios de comunicadores. Señaló que el objetivo es precisar acciones como el nombramiento de defensores de las audiencias y el cumplimiento de procedimientos institucionales.
La presidenta indicó que el proyecto se encuentra abierto a consulta pública. Esa etapa permitirá recibir observaciones de medios, especialistas, organizaciones y ciudadanos antes de que se definan reglas finales.
Por qué surgió la discusión
La publicación de los lineamientos generó inquietud entre periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión. El punto sensible es determinar si una regulación destinada a proteger a las audiencias puede terminar influyendo indirectamente en decisiones editoriales.
La diferencia entre regular obligaciones administrativas y evaluar contenidos debe quedar escrita con claridad. Conceptos ambiguos pueden abrir espacio a interpretaciones discrecionales, aun cuando la intención declarada del gobierno sea distinta.
Defensores de las audiencias
Estas figuras reciben quejas, promueven códigos de ética y explican a radioescuchas o televidentes cómo ejercer sus derechos. Para que funcionen, requieren independencia, procedimientos públicos y capacidad para responder sin convertirse en censores internos.
Entre los derechos habitualmente asociados con las audiencias están distinguir información de opinión, conocer rectificaciones y acceder a contenidos sin discriminación. Su protección puede fortalecer la calidad de los medios si se aplica con garantías.
La consulta será determinante
Sheinbaum informó que se buscará diálogo con representantes de la industria para resolver dudas. El resultado deberá equilibrar dos principios: proteger a las audiencias y preservar plenamente la libertad editorial.
La discusión apenas comienza. Más allá de declaraciones políticas, la prueba estará en la redacción final, los límites de las sanciones, la independencia de los defensores y las vías de impugnación disponibles para medios y comunicadores.
