La presidenta Claudia Sheinbaum rechazo este martes que el caso del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo tenga un origen politico y sostuvo que corresponde a las autoridades judiciales desahogar las acusaciones por presunto huachicol fiscal. El pronunciamiento llega en medio de una discusion nacional sobre contrabando de combustibles, aduanas y responsabilidad de empresarios y exfuncionarios.
El punto nuevo de la jornada
Durante la agenda publica del dia, Sheinbaum busco separar el expediente penal de la disputa partidista. El mensaje presidencial fue que la investigacion debe medirse por pruebas, no por la trayectoria politica del acusado. Ruffo, figura historica del PAN y exgobernador bajacaliforniano, fue vinculado en dias recientes con una red que habria usado empresas aduanales y declaraciones falsas para introducir combustibles al pais sin cubrir impuestos.
La relevancia del caso crece porque toca tres zonas sensibles: energia, seguridad y finanzas publicas. El llamado huachicol fiscal no opera como el robo tradicional a ductos, sino mediante operaciones de comercio exterior, clasificacion irregular de mercancias y presunta complicidad de operadores privados y servidores publicos.
Una investigacion de alto costo politico
El expediente ha generado reacciones encontradas. Para el gobierno, se trata de demostrar que el combate al contrabando tambien alcanza a empresarios y politicos de alto perfil. Para la oposicion, el riesgo es que la justicia sea usada de forma selectiva. Por eso, el proceso judicial sera observado tanto por su fondo como por sus tiempos.
La discusion tambien presiona a las instituciones encargadas de aduanas. Desde que las Fuerzas Armadas asumieron mas control en esa area, los casos de combustible disfrazado como otro producto han elevado preguntas sobre supervision, trazabilidad y controles internos. La autoridad tendra que explicar no solo quienes participaron, sino como pudieron sostenerse movimientos millonarios durante meses.
Impacto para consumidores y hacienda
El contrabando de combustibles afecta al erario por evasion fiscal y distorsiona la competencia frente a empresas que si cumplen reglas. Tambien puede traducirse en riesgos de seguridad por transporte irregular, almacenamiento sin controles y redes criminales que aprovechan cadenas logisticas complejas.
El avance de hoy es politico y judicial: la presidenta intenta contener la lectura partidista mientras el caso sigue acumulando datos sobre volumen, rutas y posibles responsables. Para la ciudadania, la clave sera que el expediente no se agote en declaraciones, sino que llegue a sentencias sustentadas.
Fuentes: Prensa Latina, El Pais, Gobierno de Mexico.
