Cintalapa, Chiapas.- Habitantes de 17 comunidades de la zona noroeste mantuvieron la alerta ante la tensión con núcleos vecinos de Los Chimalapas, después de rechazar la exigencia de abandonar su régimen ejidal y adoptar uno comunal. Los pobladores sostuvieron que sus derechos están respaldados por carpetas básicas y resoluciones presidenciales, mientras pidieron garantías para evitar agresiones en la franja limítrofe con Oaxaca.
Diecisiete comunidades defienden su régimen ejidal
Las localidades están agrupadas en el Consejo Regional de la Zona Noroeste de Cintalapa. Antonio López Sánchez, presidente del comisariado ejidal de Rafael Cal y Mayor, explicó que los ejidatarios consideran incompatible la conversión solicitada con la forma en que poseen y trabajan parcelas destinadas a cafetales, maíz y ganado.
Según el representante agrario, la petición provino de comuneros de San Miguel Chimalapa y localidades afines. La disolución de los ejidos implicaría incorporar las tierras a un esquema comunal y sujetarlas a sus reglas internas, una modificación que los habitantes chiapanecos descartaron al reivindicar la documentación con la que han ejercido sus derechos durante décadas.
El ultimátum elevó la tensión en Díaz Ordaz
El foco inmediato se concentró en Gustavo Díaz Ordaz, adonde llegaron alrededor de 600 comuneros al concluir un plazo de 30 días fijado para recibir la respuesta. López Sánchez afirmó que los residentes rechazaron la propuesta y que los visitantes se retiraron inconformes, con la advertencia de regresar; señaló que la inquietud también permanece en Rodulfo Figueroa.
El documento entregado a principios de agosto planteaba que los ejidatarios se incorporaran como comuneros o abandonaran aproximadamente 4 mil 975 hectáreas. Ante el vencimiento, autoridades de Chiapas desplegaron personal de seguridad con el argumento de prevenir violencia y despojos, mientras instancias de Oaxaca activaron una coordinación interinstitucional y reclamaron respeto a su jurisdicción estatal.
Marcha en Cintalapa reclamó intervención institucional
El 2 de septiembre, cientos de habitantes se movilizaron desde el parque Centenario de Cintalapa hasta el centro de la cabecera municipal. La concentración reunió a cerca de 800 personas, de acuerdo con el reporte del acto, y tuvo como demandas centrales el reconocimiento de la documentación agraria, la seguridad de las familias y la intervención de los gobiernos para impedir un enfrentamiento.
Los representantes comunitarios rechazaron ser considerados invasores y reiteraron que no pretenden abandonar sus tierras. Entre las localidades señaladas como directamente expuestas figuran Díaz Ordaz, Balboa, Flor de Chiapas y Rodulfo Figueroa; Rafael Cal y Mayor, Canaán, San Juan del Río y Sarabia forman parte del mismo consejo regional y acompañan la defensa ejidal.
El fallo territorial no extinguió los derechos agrarios
La disputa tiene como antecedente la controversia constitucional 121/2012, promovida por Oaxaca contra Chiapas. En noviembre de 2021, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó el límite interestatal y reconoció a Oaxaca la franja en litigio, pero precisó que esa determinación territorial no debía menoscabar el régimen interno ni la propiedad de los núcleos ejidales y comunales protegidos por el artículo 27 constitucional.
Esa distinción explica por qué el trazado entre estados no resolvió automáticamente la tenencia de cada núcleo. Los habitantes vinculados a Cintalapa mantienen que sus ejidos existen desde hace más de 60 años y que sus resoluciones agrarias continúan vigentes; las comunidades zoques de Los Chimalapas, por su parte, reivindican bienes comunales dentro del territorio reconocido a Oaxaca.
La situación quedó bajo vigilancia después del vencimiento del plazo y de los despliegues de ambos estados. El punto pendiente es agrario y operativo: preservar la integridad de las familias, impedir acciones unilaterales y encauzar cualquier modificación de derechos mediante las autoridades competentes, sin convertir la delimitación estatal en una orden automática de desalojo o cambio de régimen.
Fuentes: La Jornada, Cuarto Poder, Tiempo Digital MX, Suprema Corte de Justicia de la Nación
