La expansión de los centros de datos de inteligencia artificial encontró una resistencia electoral concreta en Estados Unidos. En las votaciones locales celebradas junto con los comicios de medio mandato del 3 de noviembre de 2026, los electores respaldaron restricciones o rechazaron facilidades para estas instalaciones en 38 de 41 consultas recopiladas en diez estados. Las otras tres seguían sin resolución definitiva en el recuento difundido el 5 de noviembre. Las propuestas abordaban prohibiciones, moratorias, autorizaciones urbanísticas y mecanismos de participación vecinal.
Un mismo debate en diez estados
Los centros de datos reúnen servidores y equipos necesarios para ejecutar servicios digitales y sistemas de inteligencia artificial. Su instalación requiere terrenos, electricidad, refrigeración y conexiones de alta capacidad. Por eso las decisiones de ubicación suelen pasar por autoridades locales, aunque las empresas que los promueven operen a escala nacional o internacional. Las 41 preguntas registradas en las boletas no eran idénticas: algunas buscaban limitar proyectos, mientras otras abrían la puerta a su desarrollo. El balance de 38 resultados adversos para la expansión agrupa ambos tipos de votación.
La cifra debe leerse con cuidado. No significa que Estados Unidos haya adoptado una prohibición nacional de centros de datos, ni que todas las comunidades votaran sobre el mismo modelo de instalación. Cada consulta tuvo reglas y efectos propios. Lo común es que, en los resultados conocidos hasta ese corte, los votantes favorecieron controles más estrictos o rechazaron mecanismos de autorización. La información procede del recuento de propuestas locales reunido por Ballotpedia.
Prohibición de diez años en Kansas
Uno de los casos más claros ocurrió en El Dorado, Kansas. Los votantes aprobaron prohibir durante diez años la construcción de centros de datos de alto impacto y de determinados sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías. La medida fija un plazo concreto y define el tipo de proyecto afectado, en lugar de expresar únicamente una opinión consultiva. En Edgewater, Florida, también se aprobó modificar la carta municipal para impedir nuevos centros de datos o la ampliación y operación de los existentes bajo los términos de esa reforma.
La decisión de Edgewater agrega una barrera para revertir la prohibición: cualquier cambio posterior deberá someterse a votación ciudadana. En Upper Sandusky, Ohio, el recuento provisional también apuntaba a una prohibición municipal. En este último caso, el carácter provisional exige esperar la confirmación formal. Los tres ejemplos muestran diferencias relevantes entre una prohibición temporal, una reforma institucional con requisito de voto popular y una tendencia de escrutinio todavía no cerrada.
La industria responde al rechazo local
Tras los resultados, OpenAI anunció un marco de compromisos comunitarios y una propuesta de políticas para el desarrollo de los centros que posea y opere. La compañía presentó el documento como respuesta a preocupaciones sobre el consumo de agua, el impacto ambiental, las tarifas eléctricas y la capacidad de las comunidades para participar en decisiones que afectan a su entorno. Es un anuncio empresarial; su aplicación concreta dependerá de proyectos y reglas posteriores.
La discusión electoral deja un mensaje para promotores y reguladores. La viabilidad técnica de una instalación no resuelve por sí sola su aceptación local. Los residentes también evalúan costos de energía, uso de recursos y condiciones urbanas. Los resultados conocidos no detienen toda la infraestructura de inteligencia artificial del país, pero sí muestran que las comunidades tienen instrumentos para condicionarla. Hasta el corte publicado, 38 consultas habían tomado esa dirección y tres continuaban pendientes de definición.
Fuentes: EFE, Ballotpedia.
