Más de 170 mil salvadoreños quedaron este miércoles sin la protección del Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos. La expiración del TPS elimina para sus beneficiarios el permiso de trabajo y la autorización de residencia vinculados con el programa, y abre un periodo de incertidumbre para familias establecidas en el país desde hace más de dos décadas.
Noticias Telemundo informó este 9 de septiembre que miles de salvadoreños entraron en riesgo de deportación al terminar el amparo. La medida afecta a personas que construyeron su vida laboral, familiar y comunitaria en Estados Unidos, muchas de las cuales llegaron siendo niñas o niños y conservan pocos vínculos prácticos con El Salvador.
El TPS para ciudadanos salvadoreños se estableció en 2001 después de los terremotos que golpearon al país centroamericano. Desde entonces, los beneficiarios tuvieron que renovar periódicamente su registro y cumplir requisitos migratorios. El programa no otorgaba por sí mismo residencia permanente, pero permitía vivir y trabajar legalmente mientras Washington considerara inseguro el retorno colectivo.
EFE documentó el caso de Alma, una salvadoreña de 30 años residente en Misuri que llegó a Estados Unidos cuando tenía 18 meses. Obtuvo la protección a los cinco años, estudió, compró una casa y alcanzó un puesto de supervisión en una empresa. Su historia representa a una generación adulta que creció bajo un permiso temporal renovado durante la mayor parte de su vida.
El fin de la cobertura también afecta a empleadores. La compañía donde trabaja Alma se preparaba para perder personal con décadas de experiencia, según su testimonio. La salida de trabajadores no ocurre únicamente en una fábrica: puede alcanzar construcción, servicios, cuidado de personas, hostelería y otros sectores donde las comunidades centroamericanas mantienen una presencia laboral consolidada.
La decisión forma parte de una revisión más amplia de protecciones migratorias por parte de la administración de Donald Trump. La Casa Blanca también ha terminado o buscado terminar designaciones para personas originarias de Haití, Venezuela y Afganistán. En el caso salvadoreño, la buena relación entre los gobiernos de Washington y San Salvador no se tradujo en una nueva prórroga.
Para perder el TPS no es necesario que exista una orden individual inmediata de expulsión, pero la persona deja de estar protegida contra la deportación por ese programa. También desaparece el permiso laboral asociado. Quienes cuenten con otra vía migratoria, una solicitud pendiente o una defensa ante tribunales pueden tener situaciones distintas, por lo que organizaciones civiles recomiendan obtener asesoría jurídica individual y evitar intermediarios no autorizados.
El impacto se extiende a hijos nacidos en Estados Unidos y, por tanto, ciudadanos estadounidenses. La cancelación obliga a muchas familias a decidir entre separarse, trasladarse juntas a un país que los hijos no conocen o permanecer con un estatus irregular. Las remesas hacia El Salvador y la economía de localidades estadounidenses con alta presencia salvadoreña también pueden resentir cambios en empleo y consumo.
La expiración de este miércoles convierte una protección concebida como temporal en una decisión definitiva para personas que la renovaron durante 25 años. El debate migratorio ahora se trasladará a tribunales, solicitudes individuales y posibles iniciativas del Congreso. Mientras esas vías avanzan, la consecuencia concreta es inmediata: miles de salvadoreños pierden la estabilidad legal con la que habían organizado trabajo, vivienda y familia.
Fuentes: Noticias Telemundo, informativo del 9 de septiembre de 2026; Agencia EFE, “Los salvadoreños que crecieron con el TPS enfrentan la amenaza de ser expulsados”, 3 de septiembre de 2026.
