Autoridades de Puebla desmantelaron en Tlaola una granja clandestina con unos 300 equipos dedicados a la minería de criptomonedas, conectada de manera ilegal a infraestructura eléctrica cercana a la presa de Nuevo Necaxa. La investigación principal se concentra en el robo de energía, mientras dependencias estatales y federales buscan determinar si existen instalaciones semejantes en municipios de la Sierra Norte.
El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez, explicó que la operación fue localizada en una comunidad remota luego de un seguimiento sobre consumos y actividad inusual. La minería digital exige grandes cantidades de electricidad y genera ruido y calor constantes, características que pueden delatar centros instalados fuera de zonas urbanas. Una acometida de gran capacidad conectaba el complejo con el sistema asociado a la hidroeléctrica.
Durante el operativo fueron asegurados transformadores, terminales de media tensión, alrededor de 300 equipos de cómputo especializados y antenas de internet satelital que se encontraban en funcionamiento. El despliegue tecnológico muestra que no se trataba de una instalación doméstica. Las autoridades no han informado todavía cuánto tiempo operó, cuánta energía consumió ni el valor de los activos digitales que pudo producir.
La Secretaría de Seguridad Pública trabaja con la Comisión Federal de Electricidad, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina. La participación de esas instituciones permitirá revisar tanto la conexión eléctrica como la propiedad de los equipos y las posibles responsabilidades penales. Sánchez señaló que el rastreo se ampliará a localidades vecinas, aunque no precisó cuáles son ni confirmó que ya se hayan identificado otros centros.
Minar criptomonedas no está prohibido por sí mismo en México. El proceso utiliza capacidad informática para validar operaciones en redes digitales y, a cambio, obtener recompensas en activos. El posible delito surge por la sustracción de electricidad, la manipulación de redes o medidores y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar el consumo. Las autoridades tampoco descartan analizar movimientos financieros si aparecen indicios que vinculen la instalación con lavado de dinero.
El caso se inserta en un problema más amplio de pérdidas no técnicas para el sistema eléctrico. Datos de CFE Distribución citados en la cobertura señalan que entre enero y julio de 2024 se registraron 6 mil 346 gigavatios-hora asociados con robos, alteraciones de medidores y conexiones ilegales. Su valor comercial estimado fue de 13 mil 800 millones de pesos, una cifra que incluye modalidades diversas y no solamente granjas digitales.
Tlaola tiene alrededor de 20 mil habitantes y se ubica en una región montañosa donde la presa de Nuevo Necaxa forma parte de un complejo hidroeléctrico federal. Ese entorno ofrecía acceso a infraestructura y, al mismo tiempo, distancia de grandes centros poblados. La combinación explica por qué las autoridades consideran que el hallazgo puede revelar una red que buscaba operar con alto consumo sin atraer atención inmediata.
La siguiente fase deberá establecer quién financió la instalación, quién contrató o ingresó el equipo, cómo se realizó la conexión y si hubo tolerancia de servidores públicos o particulares. También será necesario cuantificar el daño al sistema eléctrico y preservar los datos almacenados en los dispositivos. Hasta que esas diligencias concluyan, la hipótesis firme es el robo de energía; cualquier vínculo con otros delitos permanece bajo investigación y no constituye todavía una conclusión judicial.
Fuentes: Secretaría de Seguridad Pública de Puebla; El País México y La Jornada, publicaciones del 8 de septiembre de 2026.
