A doce años del derrame de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, habitantes de ocho comunidades afectadas reclaman atención médica, vigilancia ambiental y transparencia sobre las medidas de reparación. La exigencia volvió a tomar fuerza este 9 de agosto, después de que El País documentó testimonios de personas que continúan enfrentando problemas de salud y dificultades para acceder a tratamientos.
El derrame ocurrió el 6 de agosto de 2014 en instalaciones de Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México. De acuerdo con la investigación, el vertido alcanzó los cuerpos de agua que abastecen a comunidades de Cananea, Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures. Los efectos sanitarios y ambientales permanecen en el centro de reclamos ciudadanos y procesos judiciales.
Atención médica pendiente
La cobertura recoge el caso de María Filomena Bonilla Oliva, habitante de San José de Gracia, quien reporta padecimientos que, afirma, se agravaron tras la contaminación. Su testimonio es parte de una demanda más amplia: que las autoridades garanticen diagnósticos, seguimiento toxicológico, medicamentos y traslados para las personas afectadas.
Según los datos citados, análisis realizados por autoridades sanitarias entre 2021 y 2022 identificaron presencia de plomo en sangre en cientos de personas y exposición a metales pesados en la población examinada. Estas cifras requieren seguimiento institucional y no deben interpretarse como diagnóstico individual fuera de una valoración médica. Sin embargo, sí muestran la necesidad de sostener una vigilancia epidemiológica accesible y con información pública.
Los Comités de Cuenca del Río Sonora han insistido en que la atención no puede reducirse a anuncios. Las comunidades piden participación en los acuerdos, acceso a documentos y claridad sobre los recursos destinados a la remediación. También demandan que cualquier hospital o centro especializado cuente con personal, presupuesto y servicios capaces de responder a las necesidades de la región.
Un problema ambiental y de bienestar
El bienestar de las comunidades depende de agua segura, servicios médicos cercanos y medidas de prevención comprensibles. Cuando una familia debe viajar decenas de kilómetros para recibir atención, el costo económico y físico puede impedir el seguimiento oportuno. Ese obstáculo pesa especialmente en personas mayores, niñas y niños, y quienes viven con enfermedades crónicas.
La respuesta debe incluir monitoreo ambiental, comunicación de riesgos basada en evidencia, atención primaria, referencias a especialidades y acompañamiento psicosocial. También exige que autoridades federales, estatales y municipales expliquen qué acciones realizan, con qué recursos y bajo qué plazos. La transparencia permite a la población conocer sus derechos y facilita que las decisiones puedan evaluarse.
El caso del río Sonora recuerda que los efectos de un desastre ambiental pueden prolongarse durante años. La reparación integral no es solo una obra o un anuncio: implica salud, territorio, agua, información y participación de quienes viven las consecuencias todos los días. También requiere mecanismos de rendición de cuentas, seguimiento público de las decisiones y coordinación entre las instituciones responsables, para que ninguna comunidad quede fuera de la atención, de la prevención ni del acceso a una respuesta digna.
Fuentes: El País.
