21 de septiembre de 2022

Volver a renunciar: La Feria 

 

Sr. López

En el centro de adiestramiento en que fue domesticado este menda, era incuestionable la autoridad de la subcomandante Yolanda, Jefa de Administración y Disciplina (otros niños le decían mamá a la suya); pero a partir de la adolescencia cuando la prole ya le hacía preguntas filosas sobre sus determinantes decisiones, utilizaba un argumento final y contundente: -¡Porque lo digo yo! -a ver, aléguele.

Fue un crimen de estado. Punto redondo. Lo dijo don Encinas al presentar su informe de ‘conclusiones preliminares’ sobre el pavoroso caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, asesinados y cuyos cuerpos fueron desaparecidos

Alejandro Encinas Rodríguez es subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación y en esa calidad, titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, creada por Decreto del Presidente, según el Diario Oficial del 4 de diciembre de 2018.

O sea, la Comisión de la Verdad se tomó tres años y nueve meses para determinar esencialmente lo mismo que dijo en su momento la entonces PGR dirigida por Jesús Murillo Karam, esto es, que efectivamente los normalistas fueron atrapados en Iguala, asesinados y desaparecidos, por integrantes de la delincuencia organizada con la complicidad de autoridades locales (entre otros, el que era alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, actualmente preso).

Eso en lo esencial, es lo que informó don Encinas, lo que Murillo Karam llamó ‘verdad histórica’, con el añadido de que ahora don Encinas asegura que en la desaparición forzada de los normalistas participaron la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada, que autoridades federales y estatales del más alto nivel alteraron hechos y circunstancias para establecer una “conclusión ajena a la verdad de los hechos” (o sea, a la ‘verdad histórica’), y que las “acciones, omisiones y participación” de los funcionarios involucrados permitieron la “desaparición y ejecución de los estudiantes”.

Como sea, para el gobierno federal actual, fue crimen de Estado y crimen de Estado es… ¿qué es un crimen de Estado?… pues eso, un crimen del Estado es un crimen de Estado… ¡no!… ¿qué es un crimen de Estado?… pues no se sabe, no está definido ni tipificado en nuestro corpus jurídico ni en el de ningún país ni en Derecho internacional. Crimen de Estado es como “el honor de la familia”, una frase para platicar no para litigar.

Don Encinas, señor con prestigio de gente decente, dedicado a la política y con estudios de Economía en la UNAM, no parece preocupado por su falta de conocimientos jurídicos ni por definir eso de ‘crimen de Estado’ que suena tan grave y legalmente no existe; y tampoco se le ve ansioso por averiguar que es ‘verdad histórica’ y qué es ‘verdad legal’ (la ‘verdad histórica’ en el proceso penal es saber qué sucedió en la realidad de los hechos, es el objeto mismo del proceso penal y la ‘verdad legal’ es aquello que se concluye al final de los procesos penales).

De lo que sí tuvo precaución don Encinas, fue de decir que se trata de ‘conclusiones preliminares’ (una especie de ‘verdad histórica preliminar’, chulada). Bueno, pero ni tan preliminares, que ya está en la cárcel Murillo Karam y hay otra 82 órdenes de aprehensión adicionales.

Está difícil aceptar que se ordene encarcelar a nadie con ‘conclusiones preliminares’ y por ahí va esta gloriosa 4T nacional, que quiere meter a la cárcel al general Alejandro Saavedra Hernández, excomandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, quien, según la Comisión de la Verdad, supo qué estaba pasando a los normalistas en tiempo real y no hizo nada… pues claro que no: las Fuerzas Armadas pueden brindar abiertamente auxilio o apoyo a las autoridades civiles que lo soliciten en determinadas acciones, como definió la Suprema Corte (acción de inconstitucionalidad 1/96); don Encinas, infórmese bien.

Ese General, meses después de la noche infame de Iguala, ascendió a General de División; luego fue Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea (¡nada menos!); después, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y hasta marzo de 2021, fue el director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. No es un pelagatos y difícilmente ahora, lo van a convertir en cómplice de narcotraficantes asesinos. Nomás no.

Don Encinas no se da cuenta que se ha metido en la misma dinámica que Murillo Karam en su momento. Ya veremos si después no anda en las mismas que él. Da pena pero estas cosas pasan cuando lo legal se atiende políticamente. Y por ese lado fue la respuesta del abogado de las víctimas, Vidulfo Rosales, el viernes pasado:

“Para nosotros, ésa es una posición política del gobierno que quiere hacer ver que ya cumplieron con Ayotzinapa, que ya está esclarecido el hecho, pero dista mucho de llegar a eso”.

Don Encinas no es abogado, no es policía, no es investigador y su decencia no es credencial suficiente para aceptar su verdad histórica por más ‘preliminar’ que diga es.

Se comprende la enorme presión política que sufría el gobierno del Presidente López Obrador: estaba a punto de cumplir cuatro años sin cumplir su compromiso de aclarar lo de los normalistas. Por eso tal vez, ayer el Presidente litigó desde su mañanera y determinó la culpabilidad de Murillo Karam (“esa injusticia no puede quedar impune”). Mal asunto, don Encinas, apechugue lo que venga después.

Y le recuerdo a usted que don Encinas renunció al PRD diciendo (La Jornada, 22 de enero de 2015), que violaba sus postulados, que instauró prácticas como el clientelismo, el fraude electoral, la compra de votos en sus procesos internos, la impunidad y la violación de sus propias normas, la malversación de sus recursos públicos, el moche legislativo o el condicionar el empleo al pago de un diezmo del salario de los trabajadores; y que había llegado al extremo de vender candidaturas y postular a delincuentes como sus candidatos.

¡Híjoles!, don Encinas, ya ni modo, tiene que volver a renunciar.

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