Eduardo Grajales
Los sindicatos mexicanos se encuentran en una oportunidad de oro, en un momento coyuntural que redefinirá los derechos de los trabajadores sindicados, como parte de los nuevos ajustes en la ley laboral federal, pero sobre todo reconfigurará el contexto político de estos organismos en México.
Con la llegada de un nuevo gobierno estamos viviendo un reajuste natural de las fuerzas políticas que construyeron la arquitectura institucional de nuestro país en los últimos cien años, particularmente el de estas grandes estructuras sindicales que históricamente fueron pensadas por una hegemonía priista que hizo de ellas su herramienta de control soterrado de millones de trabajadores y su principal maquinaria electoral (véase la CROM, CTM, CROC, etc.).
Y es aquí donde la Reforma laboral recién aprobada encuentra su trasfondo político y social: resquebrajar los grandes monopolios sindicales en manos de los denominado líderes charros, para inaugurar una nueva etapa en la vida sindical, englobado todo lo anterior en el concepto de la democratización sindical.
Pero, ¿Qué significa esto?
Democracia sindical es un concepto poli semántico. Desde la visión jurídica es un nuevo tratado para la relación entre el obrero, sus representaciones y el patrón con la finalidad de mejorar la calidad del trabajo y su productividad, y que esto repercuta en mayores índices de competitividad, necesarios para que México se ponga a la altura de las grandes naciones en el mercado neoliberal y globalizador. Recordemos que como parte del nuevo Tratado de Libre Comercio tendremos autoridades laborales norteamericanas que se encargarán de vigilar que lo establecido en la materia se cumpla a cabalidad.
Por eso y dentro de esta misma dimensión, hablamos ya de elecciones libres al interior de los sindicatos, de la libre sindicación para que los trabajadores puedan optar por el sindicato que más prefieran, o bien, evitar pertenecer a uno si esto conviene a sus intereses, entre otras cosas, como la agrupación de nuevos sindicatos, federaciones y confederaciones sindicales, temas que jamás hubiéramos pensado en los gobiernos del PRI o del PAN.
Ahora bien, ¿qué sucede en la dimensión política?
Si bien es cierto, la nueva legislación laboral abre la ruta al gobierno en turno la posibilidad de extender su poder en estos gremios, esto le puede representar un arma de doble filo, pues sin duda habrán algunos organismos sindicales que no se alinearán a las propuestas de Palacio, propugnarán por más y mejores beneficios para sus representados y defenderán verdaderamente sus intereses, lo cual podría en su momento desatar nuevos conflictos políticos y sociales si no se mide bien el terreno.
Sea como fuere, la posibilidad que ha abierto la 4T es una ruta delicada políticamente pero que da un respiro a millones de trabajadores que hasta hoy siguen siendo objeto de los abusos de dirigentes sindicales que actúan a contrario sensu a lo que fueron electos.
Aunque resulte paradójico, muchos trabajadores sobre todo del ámbito público siguen siendo víctimas no solo de su patrón sino también de su sindicato, que les condiciona no solo su pertenencia al mismo, mediante actos inaceptables como la asistencia obligada a movilizaciones a las que muchas veces están ideológicamente en desacuerdo, o a aportaciones que no les representa ningún beneficio y que terminan siendo parte de las finanzas personales de los dirigentes y sus secuaces.
Por todo lo anterior, los trabajadores sindicalizados deben estar muy atentos del desarrollo de estas nuevas acciones que están siendo promovidas por el Poder Ejecutivo, desde la Secretaria del Trabajo, y analizadas para su aprobación desde el Legislativo, por las diferentes comisiones partidistas que la integran.
No hay que perder ni uno solo de estos capítulos que están deconstruyendo el entorno laboral donde están ingresando nuevos elementos de reflexión como el de los derechos de los trabajadores en línea, que hasta ahora son solo privilegio de trabajadores al servicio privado, por citar alguno.