El gobierno brasileño pondrá en marcha esta semana un plan para permitir la llegada de más militares y un hospital de campaña a Roraima, estado fronterizo con Venezuela, ante el aumento del flujo de inmigrantes de ese país.
Dos días después de que el presidente Michel Temer viajara a la región, el ministro brasileño de Defensa explicó que se declarará la emergencia social en Roraima para permitir que las Fuerzas Armadas coordinen las tareas humanitarias en la frontera.
El efectivo militar para cuestiones de apoyo humanitario pasará de 100 para 200 militares, dijo el titular de Defensa, Raúl Jungmann.
Se crearán nuevos puestos de control para intensificar los controles de inmigrantes, aunque Brasil asegura que no cerrará su frontera con el país petrolero y dará asistencia a los refugiados ayudándoles a distribuirse por otros estados del gigante sudamericano.
Temer presentará mañana o el viernes una medida provisoria, un instrumento legislativo de urgencia que permite al Ejecutivo evitar al Parlamento, para hacer frente al flujo migratorio de venezolanos, aproximadamente 40 mil en los últimos meses, según cifras oficiales.
Colombia ya desplegó cientos de militares en la frontera con Venezuela tras el aumento de inmigrantes venezolanos, que se estima en 550 mil en el segundo semestre.
El jefe de las fuerzas armadas colombianas, el general Alberto Mejía, expuso que en la zona fronteriza ya hay unos 3 mil hombres que controlarán la marea creciente de migración.
Nosotros tenemos 2 mil 200 kilómetros de frontera. Es una frontera muy grande y difícil y se caracteriza por tener muchas trochas (caminos sin pavimento). Es muy importante ejercer un control y eso es lo que estamos haciendo; evitar cruces de vehículos ilegales con gasolina y carne, precisó el militar a la radio local.
Entre las medidas con las que el gobierno espera ejercer mayor control de los caminos está la construcción de zanjas de cinco metros de ancho por cinco de profundidad.
El martes, Mejía y el director de la policía, general Jorge Nieto, estuvieron en la frontera nororiente del país mientras equipos pesados realizaban trabajos para remover tierra y destruir atajos.
El presidente Juan Manuel Santos adelantó desde el jueves pasado que habría un mayor número de militares en la zona ya mencionada para vigilar el flujo.
Además de lo anterior, Colombia dejará de emitir tarjetas fronterizas que actualmente permiten a 1.5 millones de venezolanos ingresar temporalmente al país para comprar alimentos y medicamentos. Santos comentó que su país quiere ser solidario con los venezolanos necesitados, pero destacó que la migración debe llevarse a cabo de manera segura y legal.
Al respecto, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, aseguró ayer martes que se regularizaría a miles de venezolanos que ingresaron al país sin las autorizaciones necesarias.
En 2017, el número de venezolanos instalados en Colombia se disparó: pasaron de unos 350 mil a más de medio millón en apenas seis meses, entre los residentes y los que entraron de forma irregular.
Vía Excélsior
