28 de noviembre de 2022

No son bromas: La Feria

Sr. López

Contaba la abuela Elena que en Autlán, allá a principios del siglo pasado, largos años fue cura párroco el padre Tomasito, muy querido por todos, que a todos bautizó, les dio la primera comunión, les perdonó los pecados, los casó y los “santaoleó” a la hora de la hora. Decía también muy divertida, que un día una señora de Guadalajara que estaba en el pueblo visitando unos parientes, en la misa de domingo con el templo abarrotado, de repente gritó: -¡Mi marido! –y el padre Tomasito salió corriendo. No se volvió a saber de él.

Era un impostor. Ya luego del arzobispado mandaron tres curas que les dijeron que bautizados sí estaban, les dieron una absolución general y refrendaron el matrimonio a todos en una misa que fue un gran sainete, porque algunos señores de plano forcejeaban con hijos y esposas queriendo salirse de la ceremonia. Hubo golpes. Decía la abuela sonriendo: -Hay cosas que es mejor ni saber –así, ‘ni’, descontando un ‘no’. Sigue dando de qué hablar el ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional que realizó un grupo de “hackers” que se denomina Guacamayas. Hasta el momento se ha sabido apenas un poquito de los 6 terabytes “hackeados”, que según un tal Manuel Rivera, fundador de NEKT Group (empresa especializada en productos y servicios de ciberseguridad de última generación), equivalen a 1.5 millones de fotos, tres mil horas de video o 39 millones de páginas de documentos (word, pdf o presentación).

Millones de datos le ordeñaron a nuestra Sedena… algo anda mal si no se puede cuidar a sí misma la Sedena, que es la que nos cuida el país… ¡chispas! (para no escribir una majadería que rima con relajo).

En el primer minilote de información que dio a conocer Carlos Loret, lo más llamativo fueron los reportes sobre la salud del Presidente de la república.

Y por supuesto se desató el coro de quienes sostienen que su salud es del interés general y no puede ser reservada, secreta, pues. Bueno… a riesgo de recibir una serenata de mentadas de madre, sostiene este López que la salud del Presidente de la república no es un asunto que deba pregonarse, pues sin considerar el secreto profesional a que están obligados los médicos tratantes, papalotear la debilidad física del Ejecutivo, alienta desórdenes políticos o financieros, especulaciones y hasta acciones que pueden desestabilizar al Estado.

Se ha dicho estos días que la salud de los presidentes o jefes de Estado, en ‘todos los países democráticos’ está bajo el escrutinio público: no es cierto.

Conforme pasan los años se entera uno de lo mucho que se cuidó el más discreto manejo sobre la mermada salud de John F. Kennedy; lo bien que se disimuló la poliomelitis de Franklin D. Roosevelt; o el cerrojo total sobre los padecimientos de Stalin y Franco, por poner ejemplos de otro extremo ideológico.

Y en México buen cuidado se tuvo para que no se supiera el mal que padecía Adolfo López Mateos o la simplona apendicitis que sufrió Ruiz Cortines y que le hicieron cirugía en Los Pinos.

Lo que sucede es que hemos canonizado la “transparencia” sin cortapisas que fomenta en el imaginario colectivo el derecho inexistente a saber todo de todos los asuntos del Estado. No, de ninguna manera. No solo es ingenuo, es imposible; imagine usted a un gobierno dando a conocer su nómina de espías o agentes infiltrados en bandas delincuenciales. No. Y si considera que es un ejemplo exagerado, piense qué beneficios hubiera obtenido el país si nuestro gobierno hubiera informado públicamente cuántas y cuáles guerrillas lo desafiaron en aquellos revueltos años 70 del siglo pasado.

Otra cosa muy distinta a la reserva obligada es la mentira. Guardar con sigilo cierta información, particularmente en asuntos que comprometan la marcha del país, no equivale a un permiso legal para mentir; para guardar silencio y discreción, sí, pero nada más. Y otra cosa importa decir para los que se esconden tras la reserva de información para esconder raterías y atropellos a la ley: nada que viole el orden jurídico puede considerarse secreto de Estado, eso es silencio delincuencial, complicidad de criminales.

Dejando de lado si un Presiente de México tuvo juanetes o hemorroides (o los achaques del actual), conviene revisar lo que dispone la ‘Ley general de transparencia y acceso a la información pública’, en sus artículos 113 a 120 en los que define como “Información Reservada” aquella cuya publicación entre otras cosas, comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional (claro), o menoscabe las relaciones internacionales, afecte la política monetaria o el sistema financiero del país, obstruya la persecución de los delitos, ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; y dice también que nunca será información reservada la relacionada con los derechos humanos o permita averiguar actos de corrupción.

Es importante reflexionar que según el artículo 106 de esa ley, algo se puede clasificar como información reservada solo cuando se solicita conocerla, lo diga la autoridad competente o al testar documentos que deban publicar conforme a esa misma ley.

No es cancha libre, es caso por caso, debidamente fundado. Ya en estas, no sobra comentar de pasadita que el Artículo 116 de la Ley de Transparencia, dispone que “se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable”.

O sea, el Presidente ha violado la ley al publicar datos personales de algún periodista, Loret, por ejemplo. ¡Pelillos a la mar!Por último: que se anden con cuidado los que van a difundir la información robada a la Sedena. El Código Penal Federal castiga en su artículo 210, segundo párrafo: “Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa”. Ojo: “al que conozca”, al que “copie”. No son bromas.

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