La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles 28 de octubre, por trigésima cuarta ocasión, una resolución que pide poner fin al embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. El pronunciamiento obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, una mayoría amplia que mantiene la condena internacional a la medida, aunque con un respaldo sensiblemente menor que en años anteriores.
La votación se produjo en la sede de la ONU en Nueva York, en un ambiente de tensión entre las delegaciones de Washington y La Habana. El resultado conserva el mensaje político central que la Asamblea emite desde 1992: la mayor parte de los Estados miembros considera que el embargo debe terminar. Sin embargo, el cambio en la distribución de los votos mostró que la diplomacia estadounidense consiguió sumar oposiciones y abstenciones que antes no figuraban en ese bloque.
Una mayoría sólida con señales de desgaste
La resolución no es jurídicamente vinculante y, por sí sola, no modifica las normas que sostienen el embargo. Su peso es diplomático: registra cada año la posición de la comunidad internacional y ofrece una medida del aislamiento o del respaldo que tienen las políticas de cada país. En esta ocasión, la diferencia respecto de 2025 fue considerable, cuando más de 160 naciones apoyaron el texto y solo 12 se abstuvieron.
Alemania, Italia y Letonia estuvieron entre los países occidentales que se abstuvieron por primera vez en 34 años. Bosnia y Herzegovina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Lituania, Marruecos, Macedonia del Norte, Paraguay y Eslovenia figuraron entre quienes votaron en contra, en varios casos también por primera vez. Estados Unidos e Israel mantuvieron su rechazo tradicional al proyecto.
El dato central, por tanto, tiene dos lecturas simultáneas: la Asamblea volvió a pedir el levantamiento del embargo con una mayoría de más de cien votos, pero el apoyo se ubicó en su punto más bajo en dos décadas. Esa reducción no elimina la condena, aunque sí revela una modificación relevante en las alianzas y en la disposición de varios gobiernos a acompañar la postura cubana.
El debate expuso la tensión entre Washington y La Habana
Antes de la votación, el canciller cubano Bruno Rodríguez sostuvo que la política estadounidense constituye una guerra económica contra un Estado miembro de la organización. La delegación de Estados Unidos, encabezada por su embajador ante la ONU, Mike Waltz, respondió que el gobierno cubano utiliza la resolución anual con fines políticos y defendió la presión sobre La Habana.
El intercambio ocurrió después de una jornada previa especialmente áspera. Las diferencias entre ambas delegaciones provocaron interrupciones y llamados al orden dentro del salón de la Asamblea General, un escenario poco habitual para un debate que, aunque históricamente polémico, suele desarrollarse bajo reglas diplomáticas estrictas.
El embargo estadounidense comenzó en 1960, después de la revolución encabezada por Fidel Castro y de la nacionalización de propiedades pertenecientes a ciudadanos y empresas de Estados Unidos. Con el paso de las décadas, distintas leyes y decisiones ejecutivas ampliaron o modificaron sus alcances. El levantamiento integral depende del Congreso estadounidense, por lo que la resolución de la ONU funciona como presión política y no como una orden de aplicación inmediata.
Una votación marcada por la crisis económica cubana
El pronunciamiento llegó mientras Cuba enfrenta apagones, escasez de combustibles y dificultades financieras que afectan servicios básicos como el suministro de agua, las telecomunicaciones y la actividad productiva. El gobierno cubano atribuye una parte decisiva de esos problemas a las restricciones de Estados Unidos; Washington, en cambio, responsabiliza a la conducción política y económica de la isla.
La votación de 2026 no resolvió esa disputa, pero dejó una fotografía precisa del momento diplomático: la condena al embargo sigue siendo mayoritaria, aunque el bloque que la sostiene ya no conserva la amplitud de años recientes. El debate continuará tanto en la ONU como en las relaciones bilaterales, bajo una realidad jurídica invariable: solo una decisión estadounidense puede desmontar por completo el entramado de sanciones.
Fuentes: Naciones Unidas, Associated Press.
