20 de septiembre de 2022

La Feria: ¡Qué peste!

Sr. López

Si Memo Shakespeare hubiera sido contemporáneo nuestro, no perdería el tiempo escribiendo Hamlet, para acomodar la frasecita “algo huele mal en Dinamarca”, que no dice el príncipe (Hamlet) sino un centinela, Marcelo (que ni dice eso sino “algo está podrido en el estado de Dinamarca), cuando oyó que el tío del príncipe había asesinado al rey, su hermano (papá de Hamlet), para quedarse con el trono y la mujer del muerto (mamá de Hamlet). Como sea “Algo huele mal -o está podrido- en Dinamarca”, dijo el perspicaz guarda, al que imagino testigo de nuestra vida política y las andanzas de nuestros políticos (con las excepciones, ya sabe), diciendo con menos elegancia: -“¡…uta, qué pinche peste!”

El presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer un decreto suyo que pasa al ejército la Guardia Nacional. Lo que dijo fue:

“Les adelanto que ya por acuerdo de la Presidencia (o sea, él) pasa la seguridad, que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa, ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma, pero ya quiero (él quiere) que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo”.

El mismo Presidente antes había dicho que iba (y va) a mandar al Congreso, la modificación constitucional necesaria para eso, pues la Guardia Nacional es un cuerpo civil, dice la Constitución.

Ayer mismo brincaron muchos opositores y expertos en derecho a decir que es ilegal dicho acuerdo pues es un acto administrativo que no está por encima de lo que diga la Constitución que en su artículo 129, manda:

“En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar (…)”

¡Vaya! Más le vale a quien más le valga, empezar a meter orden porque en esta administración, nuestras fuerzas armadas andan en todo, no solo en la seguridad pública, sino que además administran bancos, manejan aduanas, reparten vacunas, construyen obras públicas (aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y van de refuerzo a la refinería de Dos Bocas), corretean inmigrantes, distribuyen libros de texto, gasolinas y fertilizantes.

Por supuesto el Presidente puede emitir decretos, faltaba más (y así lo señala la Constitución en el artículo 189, primera fracción), pero esos decretos que legalmente puede y debe emitir, se refieren a los reglamentos necesarios para hacer operativas las leyes que promulga por mandato del Congreso (decretos heterónomos, les llaman los que saben, refiriéndose a que están sujetos a otro poder, al legislativo en nuestro caso), y los decretos autónomos que se hacen para reglamentar materias no sujetas a alguna ley, evitando vacíos normativos, bajo dos condiciones: que no violen leyes vigentes y que posteriormente no se aprueben leyes en esa materia específica, en cuyo caso, se evaporan, desaparecen, dejan de existir, puesto que ya el Congreso legisló sobre la materia. No es tan difícil de entender.

Tal vez algún prontito, con ganas de darle un alegrón al Presidente, le fue a contar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido sentencia autorizando que las fuerzas armadas participen en las tareas de seguridad pública… y sí, pero si es el caso, no le contaron bien el chisme, mire usted:

En el Semanario Judicial y Gaceta, Tomo XI; abril de 2000, página 552, de la SCJN, Novena época, aparece la Tesis P.J./36/2000; Instancia: Pleno; votada por unanimidad, en la que se señala que es constitucionalmente posible con base a una solicitud expresa de la autoridad civil, que el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México, puedan participar en apoyo a la sociedad en actividades de Seguridad Pública.

Sin embargo, esta tesis de la SCJN subraya que la participación de las fuerzas armadas en apoyo a la sociedad en actividades de seguridad pública, es de forma complementaria, pues las autoridades civiles locales, tienen por mandato de ley, la responsabilidad indelegable e intransferible precisamente de cuidar la seguridad e integridad de la ciudadanía, sus bienes y actividades cotidianas. Por eso en esa intervención del ejército en plan de policía, está sujeto a las órdenes y autoridad civil. Detallito.

De ninguna manera se puede decretar que la Guardia Nacional pasa a formar parte de las fuerzas armadas de manera permanente. La responsabilidad en la materia es indelegablemente de las autoridades civiles. Para hacerlo se debería remendar la Constitución y eso ya sabe el Presidente que no se lo van a conceder los legisladores, por eso el decretito este.

Habrá quien piense que no tiene importancia quién dé las órdenes a la Guardia Civil… bueno, ése tendría que pensar en qué razones se han tenido desde tiempos de Porfirio Díaz en mantener alejado al ejército de labores civiles, a menos que no le preocupe que la ciudadanía de todo el país, acabe bajo las órdenes de los militares.

Y si alguien conocía a los militares era don Porfirio, quien minimizó al ejército de la vida civil, con el objetivo de que “ningún otro caudillo pudiera volver a emplearlo como instrumento de su ambición política”… ¡ah, verdad!

Sí, si los generales mandan en la vida civil es muy fácil se asocien con cualquiera para hacerlo Presidente, sí… sin contar el peligro de que haya divisiones entre los militares y peleen a tiros por sus candidatos.

Otra razón no menor: enredar (más) a nuestro soldados en la seguridad pública, con las bandas de delincuentes tan poderosas que hay, es exponerlos (más) a la corrupción pasiva o activa (hacerse mensos o ponerse listos).

No se lo advierte nadie al Presidente porque le dan por su lado, pero esto, solo esto, marcaría su gobierno por muchos años, los que tomara regresar a los militares a sus cuarteles.

Si este decreto no lo echa abajo el Congreso ante la Corte, entonces sí ¡qué peste!

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