Eduardo García Polinciano
Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Agendas
En la semana que terminó, concluyeron los trabajos de la Comisión Permanente con la entrega del informe anual de la titular de la CNDH y se citó a sesión de Congreso General el 1 de febrero dando inicio al segundo periodo ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la LXV Legislatura.
Se prevé que el periodo este marcado por las presiones de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, en la Cámara de diputados serán prioridad las iniciativas del Ejecutivo Federal relacionadas con la transformación del Conacyt y lo relacionado con el cabotaje en el sector aéreo. además de las controversias constitucionales de las reformas del plan B electoral y la elección de consejeros del INE.
En la primera semana del Periodo Ordinario de Sesiones, el Senado revisará los cambios a la reforma electoral que planteó la Cámara de Diputados.
En la Cámara de Diputados se pretende sesionar el 8 y 9 de febrero, para aprobar la iniciativa enviada por el Ejecutivo que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil.
Que pretende a grandes rasgos facultar a la Agencia Federal de Aviación Civil para expedir disposiciones técnico-administrativas en materia aeroportuaria.
Permitir el cabotaje de permisionarias extranjeras en aeropuertos y aeródromos nacionales que cuenten con la infraestructura y las especificaciones requeridas para brindar dicho servicio y cuyas rutas sean de interés estratégico para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria del Estado mexicano.
Como siempre MORENA y aliados no pretenden cambiarle ni una coma al texto.
La otra iniciativa del Ejecutivo que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación; y, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación, al parecer, se pretende realizar un foro de análisis de la propuesta ya que existe preocupación en el sentido de que las decisiones en la administración y gestión de las patentes como son las licencias, regalías entre otras serían facultades que se le otorgan al nuevo CONAHCyT, otros temas que preocupan en que del órgano de gobierno se excluye a los centros de investigación y a la iniciativa privada así como organizaciones civiles; no conserva el compromiso del gasto del 1% de PIB en Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación (HCTI) y se pierde autonomía de los centros públicos de investigación al subordinarlos a las dependencias del gobierno federal, por lo anterior, es sano que se escuchen opiniones expertas en la materia y se tomen en cuenta para realizar el dictamen esperemos que así sea.
Cambio de Partido
El diputado de Mayoría Relativa por el Distrito 2 del estado de Durango Omar Enrique Castañeda González, anunció en la semana que renunciaba a su militancia de MORENA e informó que se sumaría a la bancada de Movimiento Ciudadano (MC).
Acción de inconstitucionalidad
El bloque opositor de la Cámara de Diputados (PAN, PRI y PRD), presentaron conjuntamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la primera parte del paquete de reformas legislativas en materia electoral, conocido como ‘Plan B’.
Es decir, en contra de las modificaciones aprobadas por el Congreso y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se trata de las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Cabe recordar que la acción de inconstitucionalidad es el recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la SCJN por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales.
Las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas por los legisladores federales o locales o, quienes conformen una minoría parlamentaria que represente al menos el 33% del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma que se impugna.
También pueden promover acciones de inconstitucionalidad: el Procurador General de la República; los partidos políticos con registro ante el INE; o los partidos con registro local, cuando se trate de leyes electorales; así como la CNDH y los organismos locales en la misma materia.
Dichas acciones se deben presentar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma.
En el caso de los diputados podrán interponerse en contra de leyes federales. Por su parte, los senadores podrán hacerlo en reconvención de leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.
Si la SCJN declara que la norma es contraria a la Ley Suprema, ésta no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna.
Esperemos que los ministros realicen su tarea sin presiones por parte del Ejecutivo, que desde que tomó posesión como ministra presidenta Norma Lucía Piña, el presidente se a dedicado a descalificar al Poder Judicial.
Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.
