Proteger los derechos de las audiencias y defender la libertad de expresión no son objetivos incompatibles. El problema aparece cuando una regulación utiliza conceptos vagos, concentra facultades o permite que una autoridad evalúe el contenido editorial con criterios políticos.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que los lineamientos en consulta no buscan censurar comunicadores ni sancionar opiniones. Esa aclaración es importante, pero deberá quedar reflejada de forma inequívoca en el texto final.
La intención no basta
Las leyes y reglamentos sobreviven a quienes los promueven. Por eso no es suficiente confiar en la intención del gobierno actual. Las normas deben incluir límites capaces de impedir abusos por cualquier administración futura.
Si una sanción se relaciona con obligaciones administrativas —por ejemplo, contar con un defensor de las audiencias o responder quejas— debe decirlo expresamente. Ninguna autoridad debería castigar una línea editorial, una crítica o una opinión incómoda.
Qué sí necesitan las audiencias
El público tiene derecho a distinguir información de publicidad, conocer correcciones, identificar contenidos patrocinados y recibir respuestas cuando un medio incumple sus propios códigos. Estos mecanismos pueden elevar la confianza y mejorar la calidad.
Un defensor de audiencias puede ser útil si actúa con independencia, publica criterios y no recibe instrucciones de directivos, partidos o funcionarios. Su función debe ser escuchar, explicar y recomendar; no convertirse en censor.
La consulta debe ser real
La etapa de consulta pública ofrece una oportunidad para corregir ambigüedades. Deben participar medios grandes y pequeños, periodistas, universidades, organizaciones civiles y ciudadanos. También es necesario publicar las observaciones recibidas y explicar cuáles fueron incorporadas.
En un ecosistema dominado por plataformas digitales, regular solo radio y televisión deja una conversación incompleta. La protección del público requiere alfabetización mediática, transparencia algorítmica y mecanismos frente a campañas de desinformación, sin imponer una verdad oficial.
Un equilibrio democrático
La mejor regulación es la que fortalece a la audiencia sin debilitar al periodismo. Para lograrlo se necesitan definiciones precisas, sanciones proporcionales, autoridades independientes y vías de impugnación.
El debate no debe reducirse a elegir entre libertad absoluta o control estatal. La democracia necesita medios responsables, audiencias críticas y un gobierno que acepte el escrutinio. Cualquier lineamiento final deberá demostrar que entiende ese equilibrio.
