Con una votación de mayoría de ocho votos a favor, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la constitucionalidad del acuerdo que autoriza el uso de las fuerzas armadas, por parte del Poder Ejecutivo, para atender tareas de seguridad pública.
El proyecto elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat estableció que la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México en estas labores se está realizando de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
“El acuerdo controvertido también contempla una participación militar fiscalizada, pues está sujeta al escrutinio de órganos internos de control civiles y del Senado de la República, ante quien el titular del Ejecutivo debe rendir un informe que, por sus características de inclusión de datos como nombramientos, despliegue territorial, situaciones en las que se intervino, entre otros, se trata de una actividad de fiscalización efectiva”, explicó la ministra ponente.
En contra de la totalidad del proyecto se pronunciaron los ministros Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara Carrancá, y parcialmente el ministro Alberto Pérez Dayán.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, rechazó que con esta resolución el órgano autónomo esté autorizando la militarización de las tareas de seguridad pública.
“El hecho de que esta Suprema Corte valide la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, hasta en tanto otras instituciones de carácter civil, como la Guardia Nacional, concluyen su integración y adiestramiento, de ninguna manera significa que este tribunal esté autorizando la militarización de la Seguridad Pública”, afirmó el presidente de la Corte.
Por: Excélsior
