Autoridades mexicanas intensificaron los operativos para retirar máquinas tragamonedas instaladas sin autorización en comercios y espacios de acceso público. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó este viernes que uno de los decomisos más amplios se realizó en el Estado de México, donde fueron asegurados alrededor de 3,500 aparatos en un periodo de entre 10 y 15 días.
Un negocio que parece pequeño, pero mueve efectivo
Las máquinas suelen operar con apuestas de bajo monto y se colocan en tiendas, mercados o locales sin controles formales. Su apariencia recreativa puede ocultar un flujo constante de dinero en efectivo que resulta difícil de auditar.
De acuerdo con autoridades federales, parte de estos aparatos pertenece a grupos locales o células criminales. Los ingresos pueden servir para financiar otras actividades, pagar operadores o reforzar el control sobre comerciantes.
Operativos en distintas entidades
Harfuch señaló que la Guardia Nacional y autoridades estatales han retirado equipos en Sinaloa, mientras la Secretaría de Marina ha participado en acciones en Mazatlán. La estrategia busca atacar una fuente cotidiana de ingresos y no solamente detener a operadores de alto nivel.
El decomiso físico es apenas el primer paso. Las investigaciones deben rastrear quién distribuyó las máquinas, quién cobraba las ganancias, qué establecimientos permitieron su instalación y hacia dónde se transfería el dinero.
Riesgos para menores y comercios
Estos juegos pueden encontrarse al alcance de niñas, niños y adolescentes. La ausencia de controles de edad aumenta el riesgo de normalizar apuestas desde etapas tempranas. Para los propietarios de pequeños negocios, aceptar una máquina también puede derivar en presiones, cobros o conflictos con autoridades.
Las corporaciones recomiendan denunciar instalaciones sospechosas por canales oficiales y evitar confrontar a quienes realizan los cobros. La información sobre rutas, horarios o vehículos puede ser útil, siempre que se obtenga sin ponerse en riesgo.
Golpear las finanzas del delito
La política de seguridad suele medirse por detenciones, pero el desmantelamiento de economías ilegales es igual de importante. Retirar miles de máquinas reduce puntos de recaudación y puede revelar redes más amplias.
El desafío será impedir que los aparatos reaparezcan con otros propietarios o en nuevos municipios. Para lograrlo se requieren inspecciones sostenidas, investigaciones financieras y coordinación entre gobiernos locales, fiscalías y autoridades federales.
