La Fiscalía de Ecuador solicitó este viernes 23 de octubre prisión preventiva contra Luisa González, excandidata presidencial y dirigente del movimiento Revolución Ciudadana, dentro de una investigación por presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña electoral de 2023.
La petición fue presentada durante la audiencia de formulación de cargos, mientras González permanecía detenida en el Cuartel Modelo de Guayaquil. La misma medida cautelar fue solicitada contra el exasambleísta Santiago Díaz y Wendy Onofre, exfuncionaria del Ayuntamiento de Guayaquil, quienes también aparecen en el expediente abierto por las autoridades ecuatorianas.
Una investigación centrada en recursos de campaña
El caso tomó fuerza en marzo a partir de las declaraciones de Santiago Díaz. El exlegislador aseguró que trasladó dinero en efectivo desde Venezuela por una supuesta orden del expresidente Rafael Correa para financiar la candidatura de González. La versión forma parte de la investigación, pero hasta ahora no se han presentado pruebas públicas que la corroboren.
Díaz cumple una condena de 29 años y cuatro meses de prisión por la violación de una menor y fue separado de Revolución Ciudadana. La Fiscalía también busca determinar si la campaña recibió recursos de una empresa relacionada con Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil que se encuentra encarcelado. Las diligencias intentan establecer el origen, el movimiento y el destino de los fondos señalados.
La defensa política denuncia persecución
Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora al presidente Daniel Noboa, rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de una persecución judicial con motivaciones políticas. El movimiento utiliza el término lawfare para describir el proceso y cuestiona que las actuaciones penales avancen en un periodo de competencia electoral.
La investigación tuvo además una consecuencia directa para la organización: el partido fue suspendido y quedó impedido para participar en las elecciones locales del 29 de noviembre. Esa decisión aumenta el impacto político del expediente, pues afecta la representación de candidaturas vinculadas con la fuerza correísta a pocas semanas de la votación.
La audiencia definirá la situación jurídica
La solicitud de prisión preventiva no equivale a una sentencia. Corresponde a la autoridad judicial valorar los argumentos de la Fiscalía, la respuesta de las defensas y los elementos disponibles para determinar qué medidas cautelares aplicará durante el proceso. La investigación debe esclarecer si existieron operaciones destinadas a ocultar el origen de los recursos y quiénes participaron en ellas.
Luisa González compitió por la Presidencia de Ecuador en 2023 como candidata de Revolución Ciudadana. Su detención y la petición formulada por la Fiscalía colocan nuevamente al financiamiento electoral en el centro del debate público ecuatoriano. También abren una disputa entre las instituciones encargadas de la investigación penal y una organización opositora que sostiene que las acusaciones buscan apartarla de la competencia política.
El expediente permanece en una etapa inicial. Los señalamientos contra González, Díaz y Onofre deberán ser probados ante los tribunales, mientras las personas investigadas conservan su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Las decisiones judiciales posteriores establecerán si la investigación continúa con prisión preventiva u otra medida cautelar.
Fuente consultada: Euronews, 23 de octubre de 2026.
