LA PAZ.- El Congreso de Bolivia aprobó un acuerdo de financiamiento por 1,900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, una decisión con la que el gobierno del presidente Rodrigo Paz busca estabilizar la economía, reconstruir reservas internacionales y contener la combinación de inflación elevada y crecimiento débil. La votación terminó el trámite legislativo, pero el programa aún deberá recibir el aval del directorio ejecutivo del organismo antes de que puedan comenzar los desembolsos.
Un programa de tres años para recuperar reservas
El Senado ratificó el convenio después de que la Cámara de Diputados lo aprobara, con lo que quedó despejado el principal requisito interno. El financiamiento está concebido para un periodo de tres años. El ministro de Economía, Christian Morales, sostuvo ante los legisladores que el acuerdo puede mejorar la confianza de otros prestamistas multilaterales y facilitar hasta 5,000 millones de dólares adicionales procedentes de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
La necesidad de liquidez responde a un deterioro acumulado. Bolivia ha enfrentado escasez de divisas, dificultades para importar combustibles y una presión creciente sobre los precios. La falta de dólares afectó a empresas y consumidores, mientras el Estado destinaba recursos significativos a mantener combustibles por debajo de su costo internacional. El gobierno presenta el programa como un paso para ordenar las cuentas públicas y asegurar suministros, aunque sus efectos inmediatos serán sensibles para amplios sectores.
Fin inmediato al subsidio del diésel
Pocas horas después de la aprobación legislativa, Rodrigo Paz anunció el retiro inmediato del subsidio al diésel utilizado por camiones, autobuses y maquinaria agrícola. La gasolina de uso predominante en vehículos particulares conservará apoyo estatal por ahora, aunque ya había sufrido ajustes previos. La eliminación del subsidio al diésel forma parte de las medidas asociadas al programa y modifica una política que durante años amortiguó el costo del transporte y de la producción.
El cambio puede trasladarse a fletes, alimentos y pasajes, debido a que el combustible participa en casi todas las cadenas de distribución. Por esa razón, el debate no se limita a un cálculo fiscal. Transportistas, productores y hogares evaluarán el impacto en sus presupuestos mientras el gobierno intenta evitar desabasto y demostrar que el ahorro permitirá corregir desequilibrios. La velocidad con que se instrumentó la medida aumentó la tensión política en el país.
Los sindicatos anticipan nuevas protestas
La Central Obrera Boliviana y otras organizaciones sindicales rechazaron el acuerdo al considerar que las condiciones pueden traducirse en recortes de gasto y un encarecimiento mayor de la vida cotidiana. Bolivia vivió bloqueos carreteros durante junio y julio, movilizaciones que paralizaron zonas del país y exigieron la salida del presidente. El Congreso extendió por otros 90 días el estado de emergencia decretado para recuperar la circulación en las rutas durante aquellas protestas.
El desafío del Ejecutivo será combinar disciplina financiera con protección social. Una estabilización que dependa solamente de aumentos de precios podría profundizar el malestar; pero mantener durante más tiempo subsidios sin respaldo suficiente también reduciría los recursos disponibles y agravaría la escasez. El margen político es estrecho, porque el gobierno debe convencer a los acreedores de que cumplirá el programa y a la ciudadanía de que el ajuste no recaerá de manera desproporcionada sobre los hogares.
El desembolso todavía no es automático
La aprobación del Congreso no significa que los 1,900 millones de dólares ingresen de inmediato. El directorio del FMI debe revisar y aprobar el acuerdo técnico alcanzado en julio. Después vendrán metas, evaluaciones y liberaciones escalonadas de recursos. Cada revisión podrá convertirse en una nueva discusión sobre gasto, subsidios y desempeño económico.
La decisión abre una etapa distinta para Bolivia tras casi dos décadas de gobiernos socialistas. Rodrigo Paz asumió el poder el año pasado con una orientación favorable al mercado y ahora apuesta por financiamiento externo para superar la crisis. El éxito del programa se medirá tanto por la recuperación de reservas como por la capacidad de evitar una nueva ruptura social en un país donde el precio del combustible tiene un peso político histórico.
Fuentes: Associated Press, Fondo Monetario Internacional.
