El Paquete Económico 2027 propone un gasto neto de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos y un déficit fiscal amplio equivalente a 3.9 por ciento del producto interno bruto. La Secretaría de Hacienda entregó al Congreso una estrategia que busca elevar la recaudación, reducir gradualmente el desequilibrio presupuestario y mantener programas sociales e inversión pública.
La proyección oficial coloca el crecimiento de la economía mexicana en un rango de 1.5 a 2.5 por ciento para el próximo año, con una estimación puntual de 2 por ciento. Hacienda también prevé inflación de 3 por ciento, una tasa de interés de 6 por ciento, un tipo de cambio de 18 pesos por dólar al cierre de 2027 y un precio promedio del petróleo de 61.8 dólares por barril.
El déficit medido mediante los Requerimientos Financieros del Sector Público bajaría desde 4.1 por ciento calculado para el cierre de 2026. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, sostuvo que la consolidación fiscal se hará sin recortar los recursos destinados a la política social ni a proyectos de inversión considerados estratégicos por la administración federal.
Los ingresos presupuestarios sumarían 9 billones 156 mil 529 millones de pesos, mientras un billón 479 mil 959 millones provendrían de financiamientos. La captación tributaria aportaría alrededor de 6.3 billones. Para cubrir las necesidades previstas, la Ley de Ingresos solicita un techo de endeudamiento neto interno de 1.7 billones de pesos y hasta 13 mil 500 millones de dólares en deuda externa.
Una parte central de la propuesta es reforzar el combate a la evasión fiscal sin crear nuevos impuestos. El gobierno plantea controles más estrictos contra las facturas de operaciones inexistentes, las deducciones improcedentes y las empresas que declaran pérdidas de manera reiterada. El SAT reportó que desde 2024 ha bloqueado a más de 38 mil empresas factureras y practicado casi 2 mil auditorías a compradores de esos comprobantes.
La vigilancia también se extendería a toda la cadena de combustibles. Hacienda quiere identificar diferencias recurrentes entre los volúmenes comprados y vendidos por comercializadoras y estaciones de servicio, una brecha asociada al contrabando y al llamado huachicol fiscal. La iniciativa prevé que los intermediarios paguen IEPS sobre el volumen que no logren acreditar, con una aplicación preliminar a partir de julio de 2027.
El margen de decisión presupuestaria seguirá limitado porque aproximadamente 80 de cada 100 pesos corresponden a obligaciones. Pensiones, jubilaciones, transferencias a los estados, servicio de la deuda, seguridad social, salarios y gasto corriente suman cerca de 8.5 billones. Esa rigidez explica por qué una reducción real de 0.3 por ciento en el gasto total no implica recortes uniformes en todos los ramos.
Hacienda calcula que la deuda pública amplia subirá de 54 a 55 por ciento del PIB y alcanzará 21 billones 665 mil 995 millones de pesos al final de 2027. La estrategia financiera privilegiará obligaciones en moneda nacional, a tasa fija y plazos largos, con el propósito de limitar la exposición del erario a movimientos cambiarios o aumentos inesperados en las tasas internacionales.
La Cámara de Diputados deberá discutir el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, mientras el Senado participará en el análisis de los componentes fiscales que requieren su aprobación. Las cifras presentadas son una propuesta y pueden modificarse durante el proceso legislativo, pero desde ahora definen el equilibrio que el gobierno busca entre mayor recaudación, gasto social, inversión y sostenibilidad de la deuda.
Fuentes: La Jornada, “Recaudar más y combatir el huachicol, prioridades”, 9 de septiembre de 2026; El Financiero, “Déficit fiscal disminuirá a 3.9 por ciento del PIB en 2027”, 9 de septiembre de 2026; EL PAÍS México, cobertura del Paquete Económico 2027, 9 de septiembre de 2026.
