Más de 400 niñas y niños que entrenan fútbol en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa han convertido las canchas, las cartas y la etiqueta #ProfeYoCreoEnTi en una petición pública: que Dagoberto Tejada y Cuauhtémoc Peña puedan regresar con sus familias y sus alumnos. Los dos entrenadores permanecen detenidos desde marzo, en un caso cuya legalidad cuestionan sus familiares y sus defensas.
La movilización reúne a estudiantes de las academias Dragones y Muralla, proyectos deportivos que ambos profesores construyeron antes de su arresto. De acuerdo con el testimonio recogido por El País, Tejada formó hace una década la academia Dragones, donde entrena a cerca de 200 menores; Peña desarrolló la academia Muralla con una cifra similar. La suma de ambas comunidades explica el alcance de una campaña que ha mantenido visibles los nombres de los dos maestros fuera del ámbito judicial.
Cartas desde las canchas
Las expresiones de apoyo no se han limitado a concentraciones o mensajes en redes sociales. Los alumnos han escrito cartas dirigidas a sus entrenadores y sus familias sostienen que los menores preguntan por el regreso de quienes acompañaban sus prácticas y competencias. Para las academias, el caso tiene una dimensión cotidiana: los grupos de entrenamiento tuvieron que reorganizarse mientras los familiares buscan información sobre el proceso.
Dagoberto Tejada es maestro de primaria y preescolar, cuenta con formación en educación física y cursaba estudios de doctorado, según la información publicada. Cuauhtémoc Peña trabajó previamente en fuerzas básicas del desaparecido Mazatlán FC antes de crear su propia escuela deportiva. Sus trayectorias, señalan las familias, son la razón por la que decenas de padres y madres se han sumado a la exigencia de que se esclarezcan las condiciones de la detención.
La detención y el proceso
Tejada, de 31 años, y Peña, de 36, fueron arrestados la noche del 29 de marzo en Mazatlán por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. El parte policial sostiene que les fueron localizados droga y cartuchos; sin embargo, sus familiares califican el operativo de arbitrario y sostienen que el expediente no acredita de forma suficiente esa versión. Esas son alegaciones de la familia, no una resolución judicial.
La cobertura de El País señala que los dos hombres fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 8, en Guasave, desde donde mantienen comunicación breve con sus allegados. En junio, Revista Espejo informó que familiares y personas cercanas convocaron a una manifestación pacífica en Mazatlán para pedir respeto al debido proceso y visibilizar el caso. La exigencia se ha sostenido durante los meses posteriores al arresto.
Hasta ahora, la información disponible públicamente presenta versiones enfrentadas: la de las autoridades contenida en el parte de detención y la de las familias, que reclaman una revisión del caso. La presunción de inocencia es un principio aplicable durante todo proceso penal, por lo que corresponde a las instancias competentes determinar la validez de las pruebas y resolver la situación jurídica de los acusados.
Un reclamo que rebasa el deporte
La campaña #ProfeYoCreoEnTi coloca el foco en el efecto que una investigación penal tiene sobre la comunidad que rodea a los detenidos. Para los alumnos, se trata de la ausencia de dos figuras de acompañamiento deportivo; para sus familias, de la búsqueda de certidumbre sobre el proceso; y para Sinaloa, de una demanda de transparencia en un contexto marcado por la preocupación por la seguridad.
La protesta de los menores no sustituye los procedimientos legales, pero sí muestra que detrás de una carpeta de investigación hay redes familiares, escolares y comunitarias que esperan respuestas. Mientras las defensas continúan su trabajo y las autoridades mantienen abierta la causa, las academias y sus estudiantes insisten en que el caso sea esclarecido con apego al debido proceso.
Fuentes: El País; Revista Espejo.
