Este lunes, los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) confirmaron el inicio de una investigación de oficio por la divulgación de los datos personales de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador al exhibir el caso “Márquez Padilla”.
“Ya hemos iniciado nosotros esta investigación porque había elementos o hay elementos de la publicación en el sitio oficial www.gob.mx, y al respecto me quiero referir al planteamiento o el señalamiento del director de Pemex (Octavio Romero) no es que INAI se este contradiciendo con sus resoluciones, hay un artículo en la propia ley de transparencia de la ley general que establece que no se considera información reservada la que tenga relación con actos de corrupción”, enfatizó titular del INAI, Adrián Alcalá.
Agregó que en principio todo es información pública; sin embargo también hay que proteger datos personales, información confidencial, “nosotros lo que hacemos en el procedimiento de un recurso de revisión nosotros determinamos a través de una prueba de interés publico cuando existe interés público en conocer y que esos datos confidenciales venzan en el interés público o en el caso particular se mantenga la confidencialidad”.
A su vez, comisionada Julieta del Río lamentó que ya se esté volviendo recurrente el exhibir este tipo de datos en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador con el argumento de que se tarta de actos de corrupción.
“Es una situación que ya está pasando cotidianamente ese es el apuro, y es muy fácil estar violentando datos, hoy en la mañana el presidente decía que en alguna resolución nosotros de clasificamos los datos, bueno, y que no podíamos proteger corrupción, lo que pasa es que una cosa es una denuncia ya sea en el tema civil o penal, eso no es nuestro trabajo pero si la exposición de datos personales porque se pueden prestar estos datos entonces la relación existió y es muy grave y lo más grave es que ya se esté haciendo de manera común”, expuso.
La comisionada Josefina Román explicó que se ha iniciado el procedimiento de investigación ya que la ley establece una segunda etapa que es un procedimiento de verificación, una auditoría que se lleva 50 días, “y en una última etapa tratándose de servidores públicos, se tendrá que armar el expediente y remitirlo al órgano de control interno para que inicie el procedimiento que establece la ley General de responsabilidad administrativa”.
“Nosotros como INAI sí tenemos posibilidad de sancionar a particulares y cuando procedemos acciones más altas alrededor de 36 millones de pesos entonces somos muy serios en aplicar estrictamente lo que la ley establece, y en este caso como en cualquiera otra vamos a concluir los procedimientos que la propia ley señala”, indicó.
Por: MVS
