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Una vez que fue resuelto el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y tras el rechazo del Congreso del estado a acatarlo, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados opinó que, aprobado el retiro de la inmunidad, no hay instancia revisora, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso acotó que puede ser detenido en cualquier momento.
Continuó así la polémica que enmarcó al jurado de procedencia, en el que el gobernador asignó a su abogado, donde el Partido Acción Nacional dijo que, más allá del voto en San Lázaro, la legislatura local sería la última instancia.
Después de escuchar los alegatos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la defensa del gobernador, la Cámara aprobó el desafuero con 302 votos a favor de Morena y sus aliados, al concluir que García Cabeza de Vaca incurrió en fraude fiscal por 6.5 millones de pesos, monto que amerita cárcel de tres a nueve años.
Tras la votación, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri (PRI), ordenó comunicar la resolución al Congreso del estado, para los efectos del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución.
Dicho párrafo prevé que para proceder penalmente en contra de los ejecutivos estatales… la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.
Ante la interpretación que el PAN dio a esa disposición, el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez (Morena), insistió en que las resoluciones del jurado de procedencia son absolutamente inatacables, de aplicación constitucional directa, no de interpretación.
Ignacio Mier, coordinador de la bancada mayoritaria, acotó, sin embargo, que con la declaratoria de procedencia, la Cámara terminó su intervención en el proceso contra García Cabeza de Vaca.
En un amplio y ríspido debate, previo a la aprobación del desafuero, Pablo Gómez sostuvo que se comprobó el delito de defraudación fiscal agravada, a partir de la compulsa entre los ingresos y la declaración fiscal de García Cabeza de Vaca en 2019.
El PAN trató de evitar el desafuero con el argumento de que no había urgencia, si el delito atribuido al gobernador surgido de sus filas prescribiría hasta 2029.
La sesión inició con los argumentos de la fiscalía y del abogado del gobernador, Alonso Aguilar Zínser.
La fiscal Elizabeth Alcántar Cruz, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la FGR, dijo que aun cuando en 2019 el gobernador declaró ingresos acumulables por 6.9 millones de pesos, recibió 46.9 millones por la venta de un departamento de lujo en Santa Fe.
El cálculo del perjuicio al fisco fue de 6.5 millones. Aguilar Zínser insistió en que la mitad de esos ingresos correspondió a la esposa del gobernador, copropietaria del departamento, y que cada uno presentó su declaración fiscal equivalente a la mitad de la operación.
El Congreso de Tamaulipas, con mayoría panista, aprobó el viernes un punto de acuerdo en donde rechazó el desafuero a García Cabeza de Vaca, que había sido decidido una hora antes en San Lázaro.
Con 26 votos a favor, del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como tres en contra y siete abstenciones de Morena, los legisladores decidieron mantener en el cargo al mandatario estatal.
Desde el miércoles a las 15 horas, la Legislatura declaró receso, en espera de la votación en contra del gobernante panista de esta entidad en la Cámara de Diputados. El viernes se reanudó la sesión, que duró menos de una hora.
(Con información de La Jornada)
