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El presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, tuvo una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para abordar temas sobre la agenda legislativa, pero sobre todo para exponer la pertinencia de aplicar la Ley de Amnistía a mujeres y adultos mayores debido al alto riesgo de un contagio masivo por COVID-19, toda vez que existe sustento jurídico para llevarla a cabo.
El legislador dijo que esta es una medida de sensibilidad, solidaridad y responsabilidad con la que el Gobierno mexicano puede proteger a miles de mujeres y adultos mayores, que actualmente cumplen una penalidad y puedan calificar para una liberación anticipada y en los supuestos establecidos en el marco de la Ley de Amnistía.
El senador consideró de gran importancia advertir sobre el riesgo de contagios por COVID-19 en los centros penitenciarios.
La ley fue una propuesta del actual Gobierno, en donde legisladores se sumaron para poder establecer una normatividad que permitiera otorgar la liberación a personas que hayan cometido delitos como aborto; delitos contra la salud, por posesión y transporte de narcóticos en los casos que se trate de personas en estado de vulnerabilidad; los cometidos por integrantes de los pueblos indígenas a quienes no se haya garantizado el debido proceso, por robo simple sin violencia y no reincidente y para los presos políticos condenados por sedición, con excepción del terrorismo.
Eduardo Ramírez hizo un llamado a la población a mantener las medidas de salubridad necesarias para reducir la probabilidad de contagio, como un acto de responsabilidad civil y sobre todo, para con sus familiares más allegados.
