Desde hace al menos veinte años, el miedo se ha extendido entre los mexicanos. Hoy es ostensible, anida en nuestros pensamientos, gobierna nuestras conductas y debilita las acciones.
El miedo afecta a todos los segmentos sociales. Quienes nacieron hace tres generaciones votarán en julio por primera vez y no han conocido jamás un clima de paz, libertad y seguridad. Es triste ver que muchos jóvenes piensan incluso en emigrar, como parte necesaria de un proyecto de vida.
Los gobiernos incumplieron su deber más elemental: garantizar la vida y patrimonio de los ciudadanos. El temor colectivo ante la inseguridad alcanza niveles de psicosis en algunas localidades avasalladas por la violencia, lo que incrementa las conductas antisociales.
El miedo ha secuestrado los espacios públicos y cambiado nuestra forma de socializar. Sus efectos económicos, psicológicos, políticos y culturales son devastadores. En lo individual, el miedo distorsiona la conducta y nos rodea hasta el punto de sentirnos agradecidos cuando recibimos una agresión sin consecuencias.
La inseguridad se ha vuelto también una forma de sometimiento hacia aquel que ostenta poder legítimo o de facto y es materia aprovechada oportunistamente por políticos inescrupulosos.
Alrededor del miedo y la inseguridad se ha desarrollado una creciente industria; autos blindados, equipos personales, escoltas, cámaras de videovigilancia, cercas electrificadas e instrumentos de alta tecnología que crecen en la medida de nuestros temores y exposición al riesgo. Las autoridades contribuyen con la delincuencia al revictimizar con gran frecuencia al ciudadano, incriminándolo o culpándolo de su desdicha.
Ante todo esto, vastos sectores de la sociedad exigen mano dura y penas más rigurosas. Algunos delitos se sancionan ya con cadena perpetua sin que esto detenga la violencia. La impunidad se convierte en la única norma y en detonante de todos los índices delictivos bajo una premisa puntualmente cumplida: delito que queda impune, delito que se repite.
El actual sistema judicial sólo sanciona 2% de los delitos denunciados, pero se calcula que al menos otro 100% no se denuncia. Las víctimas no acuden al Ministerio Público por miedo o porque están convencidos que a los delincuentes no les pasará nada: si no se arreglan con la policía, lo harán con los fiscales o jueces. Toda una cadena bien organizada de corrupción.
El único candidato que ha dicho cómo piensa resolver la inseguridad es AMLO, tres veces competidor por la Presidencia desde que nació la generación del miedo. Ante la violencia desbordada de los narcotraficantes multihomicidas, AMLO propone una amnistía, como si los generadores de muerte fueran las víctimas políticas de un Estado represor. ¿Devolvería el olvido todo lo perdido a las familias de miles de personas asesinadas, secuestradas, levantadas y desaparecidas? Que lo explique AMLO, sólo él ha de saberlo.
Otros contendientes por la Presidencia deberán exponer cómo piensan actuar decisivamente para superar la inseguridad y la injusticia en que está sumida la vida social.
Lo primero es tomar conciencia de la gran corrupción que contribuye a la inseguridad y la violencia. Se estima que al menos la tercera parte de los gobernadores, presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores, fiscales y policías actúan como empleados del narco. No frenarán su ruta sin ser sometidos a juicio.
La Federación debe también fortalecer al municipio, que representa el primer bastión de defensa social, que ha sido debilitado por el Estado mismo al apostarle al mando único como panacea. El único resultado ha sido entregar el municipio a la delincuencia organizada. Las autoridades no comprenden que el miedo es la mayor de las discapacidades.
No cito cifras de víctimas de la violencia porque ningún ser debe quedar reducido a un número más; una sola víctima debió bastarnos en otro tiempo para reaccionar como sociedad.
Si los candidatos quieren ganar la confianza de nuestros jóvenes y la sociedad están obligados a formular propuestas y a decir cómo resolverán el cáncer de la violencia y la antisocialidad que carcome al país. Escuchémoslos y contrastemos propuestas en éste y en otros temas para poder emitir un voto razonado. Nadie podrá evadir el tema ni minimizarlo.
Por Ignacio Morales Lechuga
(Notario público. Ex procurador general de la República)
EL UNIVERSAL
