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La CFE informó que no cobró 3 mil 799 millones de pesos en los meses de abril y mayo, beneficiando en abril a un millón 200 mil hogares, y en mayo, a más de dos millones.
Lo anterior derivado de un acuerdo con motivo del comienzo de la pandemia por el COVID_19, período que disparó el consumo de energía eléctrica por el confinamiento de las familias.
Por su parte, la Comisión Permanente solicitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) evitar la suspensión y, en su caso, reestablecer el suministro de energía eléctrica por falta de pago a usuarios de servicio doméstico, a las micro, pequeñas y medianas empresas, y a los Organismos Operadores de Agua o Prestadores de Servicios Públicos de Agua y Saneamiento.
Requirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la CFE que, de manera coordinada, analicen la posibilidad de establecer una estrategia para la puesta en marcha de mecanismos de diferimiento de pago y adeudos por el suministro de energía eléctrica de dichos usuarios.
Las y los legisladores conminaron a la CFE a llevar a cabo reuniones estatales en las que participen legisladores federales, autoridades locales y municipales, así como representantes de la sociedad civil, con el propósito de analizar y encontrar alternativas y soluciones a los adeudos en hogares, clínicas, hospitales, comercios, empresas, productores del campo, industrias, organismos de agua potable y edificios de gobierno.
En el dictamen se expone que derivado del Acuerdo por el que declara la emergencia sanitaria, la población ha respetado la indicación de quedarse en su hogar, con lo que se modificaron sus hábitos de consumo de energía eléctrica, se incrementó la demanda y como consecuencia, se excedió el límite de la tarifa eléctrica, provocando la reclasificación a la Tarifa DAC y, por consiguiente, incrementando su facturación y presentando el riesgo de incurrir en adeudos por falta de pago.
El acuerdo emitido por la SHCP para establecer el mecanismo de fijación de tarifas por el periodo de emergencia tuvo la finalidad de apoyar a la economía de las familias mexicanas ante la contingencia sanitaria, agrega el documento.
Con el acuerdo y ante el aumento del consumo de electricidad en los hogares del país, se evita la reclasificación de tarifas eléctricas, lo que ocasionaría que en los hogares se pagara el precio real de la energía, es decir, cuatro pesos por Megawatt hora (MWh), en lugar de un costo subsidiado de hasta 80 centavos por MWh.
