Esteban Ramírez/GMx
Tuxtla Gutiérrez.- Aún continúan en riesgo los defensores comunitarios de Derechos Humanos del municipio de Simojovel, en especial la vida del Sacerdote Marcelo Pérez Pérez, Párroco de esa localidad, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
En comunicado enviado a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, dicho Centro ubicado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas mencionó que dicha situación se ha agudizado tras la liberación de Juan Gómez Domínguez, quien estuviera involucrado en agresiones en contra del párroco y detenido por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Este Centro de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por el riesgo inminente en que viven cotidianamente las y los integrantes del consejo parroquial y del Pueblo Creyente de Simojovel, de manera particular el sacerdote Marcelo Pérez refiere el documento.
Según el Centro de Derechos Humanos los órganos judiciales, tanto la PGR como la PGJE no actuaron con diligencia ante los actos delictivos cometidos por Juan Gómez Domínguez, por el contrario, han actuado para no investigar los delitos precisa en una parte del comunicado.
Menciona que a pesar de las Medidas Cautelares número MC-506-14 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al presbítero y a diez personas más, dichas medidas de protección no han sido efectivas, eficientes ni disuasivas.
La libertad de Gómez Domínguez, ex presidente de ese municipio se debe- refiere el Frayba, en el documento- al vínculo y amistad que tiene con diputados federales del partido MORENA y a la cúpula del Partido Verde Ecologista, en Chiapas.
Después de la liberación de Juan Gómez, se cuenta con información que la vida del padre Marcelo se encuentra en mayor riesgo, ya que corren rumores de que la ejecución del Párroco de Simojovel vale un millón de pesos.
Ante ese panorama, el Centro de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la liberación del Sr Juan Gómez y solicitó el cumplimiento de la protección para párroco y algunos integrantes del consejo parroquial.
Identificamos como fuente de riesgo hacia los defensores comunitarios de Simojovel y lamentamos que el Estado mexicano no realice las acciones adecuadas para brindar la protección a las y los beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH concluye el documento.
