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En los últimos años se ha incrementado el número de médicos secuestrados por organizaciones criminales, a veces para pedir recompensa económica o para atender a delincuentes heridos.
Cada vez es más frecuente esta práctica, donde el personal de Salud es llevado a la fuerza para atender a sicarios de los cárteles que operan en diversas zonas del país, señaló el senador por Movimiento Ciudadano, José Ramón Enríquez Herrera, al proponer adicionar el párrafo quinto y sexto al artículo 51 del Código Penal Federal.
El legislador duranguense propuso que cuando se cometa delito doloso en contra de personal del sector salud, con la intención de provocar un daño, limitar, menospreciar o transgredir cualquiera de sus derechos, se aumente hasta dos tercios la pena establecida para el delito cometido.
En el caso que precede, se incrementará la pena hasta en una mitad cuando el delito sea cometido de manera directa o en comisión por un servidor público en ejercicio de sus funciones, expresó.
Consideró que la crisis del sector de salud público no es una problemática nueva, desde hace décadas el personal sanitario se ha pronunciado en contra de la violencia que se vive al interior de los centros de trabajo y las necesidades que padecen a la hora de desarrollar su labor.
Tal pareciera, dijo, que en México ser médico es una profesión de alto riesgo, ya que están expuestos a secuestros y agresiones físicas.
Ante esta situación doctores y personal de enfermería rechazan trabajar en municipios donde prevalece la inseguridad por miedo de ser víctimas de un ataque o muerte de parte de grupos criminales, puntualizó.
Sostuvo que en los casos más graves, el personal sanitario ha tenido que dejar sus hogares, el lugar donde viven y hasta del país, al no contar con las garantías para el resguardo de su integridad física.
Un informe del Colegio de Médicos indica que doctoras y doctores reciben amenazas directas, y prefieren abandonar su fuente de trabajo, al recibir constantes llamadas de extorsión.
