6 de febrero de 2023

¿Seguridad Pública hacia dónde vamos?               

Luis Herrera-Lasso

La tragedia de Iguala y sus secuelas han cimbrado el andamiaje político mexicano. El principal rebote del ciclón ha llegado a los aparatos de seguridad; y el ambiente político se ha aderezado para mal con historias paralelas que en poco abonan a la credibilidad de la clase gobernante. Todo ello parece estar llevando a una reflexión más profunda en las altas esferas sobre el tema de la seguridad.

Para quienes conocen de estructuras de seguridad, no es ajeno el hecho de que en los países donde la seguridad pública es una realidad, su principal fortaleza radica en las policías locales. Es el caso de países tan distantes y disimiles como Canadá, Japón, Gran Bretaña, Alemania o la República Popular China.

Desafortunadamente México no está ni ha estado nunca en esa línea. En lo que va de este siglo se vivió con la esperanza de que una policía central, robustamente armada, pudiera terminar con la principal amenaza del país, el crimen organizado y restablecer así la seguridad pública. Los hechos han mostrado las limitaciones de dicha estrategia. Al final de la pasada administración se adjudicó a las policías estatales el mando único en el territorio estatal y municipal. Tampoco ha funcionado.

Partir de la premisa de que es posible construir la seguridad pública de arriba hacia abajo ha sido un error recurrente. Bajar de lo federal a lo estatal para llegar eventualmente a lo municipal, es como esperar que con el solo hecho de generar riqueza se terminará con la pobreza y la desigualdad, pues el mercado se encargará del resto. Ahora la realidad parece exigir lo opuesto a medidas que buscan resultados inmediatos para amainar el temporal político.

Algunas recomendaciones para quienes tienen a su cargo hacer los ajustes. Primero, partir de la premisa de que la seguridad se construye de abajo hacia arriba, aunque lleve más tiempo.

Segundo, en la construcción de una policía confiable, se deben priorizar no los exámenes de control de confianza sino los programas de dignificación de nuestras policías a través de profesionalización, calidad de vida para ellos y sus familias y acciones de acercamiento genuino a la comunidad.

Tercero, la comunidad debe jugar un papel real, por ejemplo, cada municipio debe contar con un observatorio ciudadano, con capacidades de fiscalización, cuya capacitación sea apoyada por el gobierno. Esto acercará a sociedad y autoridad en este tema y establecerá bases de confianza.

Cuarto, la violencia familiar y de género y, la vulnerabilidad de millones de jóvenes sin educación y empleo, son factores de inseguridad tan graves como el crimen organizado. Sin la debida atención a estos temas difícilmente se podrá avanzar.

Quinto, el Estado mexicano requiere un verdadero aparato de contrainteligencia para vigilar a sus propios funcionarios. La impunidad ha sido la principal fuente de nuestros males. Como parte de este esquema debe existir un centro de denuncias ciudadanas con capacidad real para iniciar procesos cuando existen indicios de corrupción o colisión de autoridades con el crimen organizado.

Sexto, deben fortalecerse las capacidades de las agencias del Ministerio Público en los municipios, para efectivamente cerrar la pinza entre las tareas de prevención y contención del delito y la administración de justicia.

Por supuesto que esto implica decisiones políticas que hasta ahora no hemos visto, como cero tolerancia a la corrupción, despolitización del tema de la seguridad y mayor dedicación al tema en tiempo y recursos. Conlleva también la elaboración de un plan de largo plazo y seguirlo, aunque genere pocos dividendos políticos. Si algo mostró el trágico capítulo de Iguala es que, si la seguridad no funciona, difícilmente se moverán los otros temas.

 

(Director de Grupo Coppan S.C.)

Correo: lherrera@coppan.com

vía EL UNIVERSAL

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