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Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos analizaron, con representantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de empresas del sector, una reforma que propone establecer un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
En una mesa de trabajo a distancia, la senadora Lucía Meza Guzmán explicó que el encuentro se realizó para abordar los alcances de la minuta que envió la Cámara de Diputados y que busca reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Representantes de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) y de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), reconocieron que comparten el compromiso del Gobierno Federal para erradicar delitos como la extorsión, con leyes que protejan a la población.
La senadora Xóchitl Gálvez Ruíz, de Acción Nacional, hizo un llamado para analizar técnicamente la propuesta, porque los delincuentes podrían utilizar dispositivos de otros países, como Guatemala y Estados Unidos.
Porque cerraremos las puertas a los dispositivos nacionales, pero habrá un sin número de celulares extranjeros, con los que podrán delinquir, consideró.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador del PRD, expuso que son preocupantes los inconvenientes que han expresado los expertos, por lo que es necesario saber si esta reforma es viable para su operación económica y estructural.
Consideró que la propuesta para establecer un padrón que permitirá acceder a la información de geolocalización y datos biométricos de los usuarios de teléfonos móviles, se debe revisar a detalle para evitar que se lleve a los tribunales.
Mónica Guadalupe Chávez, de la CANIETI, reconoció que las llamadas de extorsión representan un grave problema y que constituyen el segundo delito del fuero local mas recurrente del país, cometido en 14 estados, cuya ganancia a la delincuencia en el 2018 fue de 12 millones de pesos.
Advirtió que la minuta no es la solución ni brinda resultados efectivos a corto plazo, por lo que el tema tiene que atenderse en conjunto: Congreso, Secretaría de Seguridad y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con proyectos donde prevalezca el interés social y no a través de iniciativas que violen, entre otros aspectos, la privacidad de datos personales.
En tanto, Ana de Saracho, también de la CANIETI, subrayó que no está comprobado que un registro de usuarios reduzca el delito de extorsión. Así, acotó, sucedió hace 10 años con la implementación del Registro Nacional de usuarios de Telefonía Móvil, que tampoco cumplió con este objetivo.
Además, dijo, aún no se cuenta con un sistema único de identificación a nivel nacional y el proyecto puede dar lugar otros delitos como el robo de celulares, la suplantación de identidad y el secuestro exprés.
Gabriel Székely, de la ANATEL, dijo que se acordó con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y con la Consejería Jurídica de la Presidencia, un mecanismo alterno que alcanza los objetivos de la iniciativa, a través de la línea de denuncia 089, en materia de seguridad.
El titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Rafael Eslava Herrera, reconoció la necesidad de adoptar mecanismos que garanticen el combate a la extorsión.
Señaló que la iniciativa promueve un esquema de contratación complejo y con requisitos de difícil cumplimiento para un amplio sector de la población.
El Comisionado del IFT, Sóstenes Díaz González, apuntó como desventaja de la propuesta, el costo de su implementación y la administración de la base de datos.
Agregó que se deben buscar sinergias con otras propuestas como la de Cédula de identidad, para reducir los costos y no duplicar bases de datos; además de hacer una reflexión más profunda para proteger la información y privacidad de los usuarios.
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, alertó que los sistemas de prepago de telefonía son un grave peligro, debido a que no existe ningún requisito, ni control, lo que ha permitido a grupos criminales operar con gran flexibilidad.
Por lo que buscamos que se tenga un registro, un padrón, para que sepamos quién está detrás de esas líneas, apuntó.
El titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la SSP, Ignacio Hernández, expresó que con la reforma que se analiza, en ningún caso se pretende vulnerar la presunción de inocencia.
Al contrario, dijo, los usuarios tendremos el derecho de saber qué números están bajo nuestro nombre y cancelarlos, y el Ministerio Público podrá determinar quién utilizó esas líneas para cometer algún ilícito.
