El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene que vigilar que los procedimientos de renovación de la dirigencia nacional y seccionales de todos los sindicatos en México, se realicen de acuerdo con la Constitución Política, la ley de la materia, así como con los tratados y acuerdos internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
Así lo consideró el Senado en un dictamen que fue aprobado en la sesión del 9 de noviembre, en el que las y los legisladores destacaron que, en búsqueda de la legalidad y el respeto a los derechos de las y los trabajadores, la renovación de todos los sindicatos, principalmente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es un proceso que debe prevalecer para garantizar y legitimar la vida democrática de todos sus agremiados.
Se trata, asentaron, de hacer efectivas las reformas constitucionales publicadas en 2017, así como las reformas que, en materia de justicia laboral y democracia sindical, fueron publicadas el 1 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, que consolidaron la protección de los derechos de las y los trabajadoras en nuestro país.
En el documento aprobado, sin discusión, también se subraya que, durante las últimas cuatro décadas, la renovación de la dirigencia del SNTE ha sido poco frecuente, debido al corporativismo existente y al servicio que prestaba a los gobiernos que en ese momento se encontraban en el Poder.
Durante 70 años, se agrega, dicho Sindicato apoyó al partido en el gobierno y logró mantener el control sobre sus agremiados, asegurando así la estabilidad política y la expansión continua del sistema educativo en México.
Sin embargo, se advierte que este modelo corporativista cobró un alto costo, tanto a los miembros de base dentro del agrupación como en la calidad de la educación en México.
Adicionalmente, el dictamen expone que es deber y responsabilidad del Senado coadyuvar en los procesos de implementación de las reformas mencionadas en todos los ámbitos laborales, en beneficio de las personas trabajadoras de cualquier rama laboral en toda la República Mexicana.
La reforma constitucional de 2017 estableció los criterios para la democracia sindical, a fin de que los trabajadores afiliados a una organización puedan emitir su voto personal, libre, directo y secreto para la elección de su directiva, así como para conocer y aprobar sus contratos colectivos de trabajo, entre otros procesos democráticos.
