El PAN acusó al Consejo General del INE de ser omiso en dar cumplimento a sentencias del Tribunal electoral para generar mapas de riesgo, convenios de coordinación con autoridades y crear filtros a fin de que, en la postulación de candidaturas, los partidos y autoridades cuenten con información que frene la intromisión de personas ligadas a grupos criminales.
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés señaló que las acciones ordenadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral han sido atendidas de manera deficiente, incluso se han incumplido totalmente.
Cortés Mendoza promovió un incidente de incumplimiento de sentencias ante la Sala Superior del Tribunal Electoral por la omisión del Consejo General del INE de emitir las medidas suficientes para garantizar un proceso electoral libre de violencia y sin la intervención del crimen organizado.
Señaló que no se ha diseñado una estrategia para garantizar la seguridad de todos los actores que participan en el proceso electoral, ni se han elaborado mapas de riesgo, ni se han establecido filtros para evitar que personas ligadas a grupos criminales entren al proceso electoral.
Explicó que desde 2022 a la fecha, únicamente se han realizado dos mesas de trabajo, dos informes, uno en diciembre de 2023 y otro en enero de 2024, y el esquema de seguridad de candidaturas resulta deficiente, pues propone un análisis de riesgos posterior a los hechos de violencia y amenazas, lo que implica una actuación reactiva y no preventiva.
Además de que el protocolo recientemente presentado a los partidos políticos solo prevé la protección de algunas candidaturas, sin tomar en cuenta que en el proceso electoral se renuevan más de 20 mil cargos, y son las candidaturas a nivel local las que tienen un mayor riesgo, además de encuestadores, funcionarios y representantes de casilla, los cuales no son contemplados.
El presidente de Acción Nacional pidió al INE crear un comité para tomar medidas de prevención de violencia e inseguridad en los procesos electorales, ya que se pronostica el proceso electoral más violento en la historia.
Advirtió que si no se toman las medidas necesarias se corre el riesgo de que el voto deje de ser libre, secreto, directo, personal, intransferible y universal.
Además, los candidatos pueden ser obligados a no postularse o declinar.
Asimismo, que se coaccione a los funcionarios de casilla para que no asienten la existencia de irregularidades, alteración y distorsión de resultados electorales.
Incluso, señaló, hay un enorme riesgo de financiamiento ilícito, por lo que es necesario que la autoridad electoral realice las previsiones e investigaciones que se requieran para evitar que el dinero del crimen sea inyectado en las campañas electorales.
