Integrantes de los grupos parlamentarios de la coalición Va por México en la Cámara de Diputados, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Presupuesto 2022.
Los partidos que conforman dicha coalición, es decir el PAN, PRI y PRD, señalaron que este instrumento vulnera el principio de progresividad y no regresividad de los derechos a la salud, la educación, el medio ambiente y la protección a las mujeres, entre otros.
Indicaron que el proyecto de egresos que se aprobó por parte de Morena y sus aliados constituye una amenaza a la democracia en México.
Argumentaron que afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) obligándolo a realizar sus actividades sin los recursos suficientes con lo que se vulnera el derecho de los mexicanos a participar en procesos democráticos como la Revocación de Mandato.
Los coordinadores parlamentarios Jorge Romero Herrera (del Partido Acción Nacional, PAN), Rubén Moreira Valdez (Partido Revolucionario Institucional, PRI) y Luis Espinosa Cházaro (Partido de la Revolución Democrática, PRD) presentaron una acción ante la SCJN contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.
A su juicio, transgrede el principio de progresividad, mismo que fue incorporado al artículo uno constitucional en la reforma de 2011, expresaron.
Detallaron que este principio tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos.
Los parlamentarios señalaron que es la primera vez que los tres partidos presentan una acción de este tipo después de las modificaciones constitucionales de 2011.
El presupuesto aprobado transgrede el principio de progresividad y es regresivo, ya que no aumentó y recortó recursos a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas, concretaron.
Añadieron, además, que estos programas son los que permiten avanzar en materias como educación, salud, fortalecimiento del federalismo y protección a mujeres.
En concreto, señalaron que el presupuesto está afectando derechos humanos.
Los diputados explicaron que las dos características de los derechos y los programas públicos que fundamentan la presentación de la acción de inconstitucionalidad son la progresividad y la no regresividad.
Tanto el presupuesto de egresos en su conjunto, como los programas públicos en lo individual, deberían ser cuidadosos de estas características, añadieron.
En ambos casos, aseguraron, el presupuesto de egresos para 2022 aprobado está siendo violatorio.
Este presupuesto de egresos significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes, y vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como la revocación de mandato, terminaron.
La consulta de revocación en la que se decidirán si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe seguir en el cargo ha sido tema de controversia en los últimos meses, pues el INE argumenta que no cuenta con los recursos suficientes para realizarla.
La Suprema Corte ordenó el pasado jueves al INE retomar los preparativos de la consulta, prevista para abril del próximo año, después de que el organismo hubiera suspendido algunos procedimientos.
Con información de López-Dóriga Digital y EFE
