JOSÉ ANTONIO MOLINA FARRO
Por la ley no se puede actuar contra la ley
Pío V
El acoso a la democracia es el ocaso de la democracia. Decía Montesquieu, para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Los atropellos contra el orden constitucional no se detienen. Se fracturan los cimientos de la república democrática, y avanza incontenible la concentración del poder en un solo hombre. Guillermo Tenorio Cueto refiere un interesante trabajo denominado El siglo del populismo, de Pierre Rosanvallon, quien describió el fenómeno político denominado democradura, gobiernos dictatoriales legitimados por el voto popular. Retomo una breve idea. Ofrecen un proyecto único e irreversible, y proponen la polarización social como justificación de los problemas económicos y sociales. No hay cabida para poderes autónomos o independientes ni para repartos del poder, y la Constitución es un artilugio que sirve para disfrazar la voluntad del líder.
Me permito un breve memorial de agravios para justificar mi preocupación central. Las arremetidas contra la Constitución y la división y equilibrio de poderes, los atropellos a los Órganos Constitucionales Autónomos, la indolencia de AMLO durante la cumbre sobre cambio climático, y su obcecación en ver hacia adentro y hacia atrás; su obsesión por un pensamiento único y una moral única; el inconstitucional transitorio, introducido por el senador del partido Verde Raúl Bolaños, para ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte y de varios Consejeros de la Judicatura; la falta de reflejos de Morena y su vergonzante justificación inicial, ante la acusación al diputado federal Saúl Huerta por violación de menores; la genuflexión del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el muy digno y memorable discurso de Muñoz Ledo, que no por tardío, según sus críticos, deja de tener validez; la Ley de la Industria Eléctrica; la Ley de Hidrocarburos; el aberrante pronunciamiento de Ignacio Mier, quien en manifiesto desprecio a la ley espetó, el derecho es conservador, la justicia es revolucionaria, aserto que AMLO, de tiempo atrás, lo viene reiterando, entre la ley y la justicia prefiero la justicia. Una elección tan subjetiva, que si cada uno de los mexicanos la interpretáramos como válida, el país desembocaría en un infierno de caos y violencia. De Perogrullo, lo que es justo para ti, puede no serlo para mí o viceversa.
Muchos pensamos que el cambio, el nuevo rumbo del país, exige una conducta pública con claro sentido ético, algo muy distante a lo que hoy observamos; esto inevitablemente conduce al desencanto, a la degradación de la política y a la erosión de una bien ganada legitimidad democrática. El escenario de la extrema polarización, coloca a las instituciones en un grado extremo de fragilidad. En el ánimo de abolir el pasado se arrasa sin piedad todo lo bueno construido por generaciones de mexicanos, incluidas las izquierdas más progresistas y visionarias. No es la revisión crítica del pasado sino su destrucción, y lo peor, sin reemplazarlo por algo mejor. Es la nada creadora, convertir en cenizas todo lo existente para crear el nuevo orden emancipador. Resulta inexplicable, otra vez, que los avances alcanzados en la pluralidad política y la paz social, sean subvertidos por la intolerancia y una ideología maniquea y sectaria. Resulta paradójico que el logro histórico del Movimiento de Regeneración Nacional naufrague en la obsesión por eliminar al contrario, en un caudillismo posmoderno, en una antipolítica hostil a la arquitectura institucional.
Todo lo anterior invita a movilizar la conciencia pública para defender la democracia y a la más hermosa de las creaciones humanas: la cultura de la libertad. Esa es la tarea, permitir su desaparición es el peligro mayor. Justo Sierra lo dijo, heredamos de la colonia un concepto patrimonialista del poder. Hoy lo vemos en los procesos electorales, violaciones flagrantes de la norma, y como referente común la majestad del dinero, escudo protector de notorias incompetencias. Se elude la discusión pública y la confrontación de ideas, y se desplaza a un escenario mediático regido por el poder del dinero.
Autocensura. De nuevo, con muy honrosas excepciones, los candidatos a puestos de elección popular respetan escrupulosamente, desde hace décadas y a diferencia de otras entidades, la regla no escrita de poder criticar todo, excepto las políticas de la competencia exclusiva de los gobernadores en turno. Todo son aciertos. Los que se equivocan son los colaboradores. Impensable señalar sus yerros, su limitada visión de gobierno, su incapacidad para reactivar la economía, su falta de vocación por la meritocracia para conformar su gabinete, su proclividad para gobernar con los leales, aunque sean manifiestamente incompetentes, su poder de imposición en instituciones por definición autónomas. La democracia es un sistema político que soporta mucha más ignorancia de la que suponemos; cuando es viva su cultura política, puede permitirse el lujo del ensayo y el error, llegando incluso a sobrevivir a la incompetencia de los representantes y a la irracionalidad de la gente. Daniel Innerarity . No es nuestro caso.
