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El aislamiento y confinamiento han agravado el problema de la violencia contra las mujeres, particularmente aquella que es ejercida por el esposo o por personas del entorno familiar inmediato de las mujeres, y particularmente en aquellos casos donde existen antecedentes de violencia, alerta un estudio publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado.
La investigación titulada La otra pandemia: la violencia contra las mujeres antes de la pandemia de la Covid, elaborado por Lorena Cruz Sánchez, María de la Paz López Barajas y Eva Gisela Ramírez Rodríguez, indica que el hogar no es para todas las mujeres un espacio de protección, porque en los casos donde existen conflictos y abusos hacia las mujeres y las niñas, cabe esperar que una convivencia continua e intensiva -como la impuesta por la pandemia por la Covid-19- esté generando mayores problemas.
Ocurren con mayor frecuencia episodios recurrentes y más severos de violencia y abusos hacia ellas, o hacia los niños y las niñas, poniendo en riesgo su integridad física y emocional.
El estudio refiere que la violencia contra las mujeres se expresa de muy variadas maneras, desde actitudes sutiles, hasta agresiones físicas y abusos sexuales que dañan su integridad física y emocional, limitan su desarrollo y cancelan sus derechos fundamentales, con la finalidad de controlar, dominar, limitar, prohibir, excluir o minimizarlas.
Se trata de una práctica social ampliamente extendida en todo el país, sostenida en la estratificación social basada en la condición de género que determina la posición de las mujeres y los hombres en la sociedad y define los patrones, valores y estereotipos que conllevan a la desigualdad y discriminación hacia las mujeres.
De acuerdo con la información de 2016, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residían en el país, 66.1% de ellas (30 millones 751 mil 835), señalaron haber vivido violencia de algún tipo, ya sea emocional, económica,13 patrimonial, física o sexual, ejercida por cualquier agresor, ya sea en el ámbito escolar, laboral, comunitario, familiar o por parte de su actual o última pareja, esposo o novio.
De acuerdo con el documento del IBD, la violencia contra las mujeres está ampliamente extendida en el país, abarcando a una amplia proporción de grupos de mujeres y de niñas que participan en los espacios públicos; que asisten a la escuela; que trabajan de manera remunerada; quienes tienen pareja y quienes no.
La información sobre la violencia denunciada y la atendida durante la etapa de pandemia por parte de las instituciones de procuración de justicia y salud, muestra que la violencia sobre la que se tiene registro en estas instituciones -no de la que ocurre de manera cotidiana puesto que solo se trata de aquellos casos en que la mujer se atrevió a denunciar inició este año con niveles más altos a los observados en 2019, y que si bien disminuyó durante los meses de abril y mayo que corresponde al periodo de confinamiento generalizado, a partir de junio inicia un repunte de los casos de violencia contra las mujeres.
En el caso del homicidio doloso, durante los meses de enero y febrero de 2020 el número de denuncias estuvo por debajo de las reportadas en 2019, repuntando en casi 200 en el mes de marzo y manteniéndose por encima en abril, pero ya mostrando un descenso. Durante los meses de mayo, junio y julio la tendencia en 2020 es menor a la de 2019, principalmente en junio; durante julio, aunque se mantiene por debajo ya muestra un ascenso, y repunta por encima de 2019 en agosto, con un descenso en septiembre y nuevamente se coloca muy cerca de lo reportado en octubre.
En cuanto al feminicidio la tendencia es parecida en el arranque de 2020, más alta la denuncia entre enero y abril con disminución en mayo, aumento en junio por encima de 2019 y una disminución en los meses de julio a agosto con respecto a la que se presentó en 2019, y en octubre, nuevamente se presenta un aumento que rebasa a la cantidad de delitos reportados en 2019.
El estudio concluye señalando que en este momento de crisis es conveniente que el Estado mexicano, en su conjunto, es decir, los tres poderes y órdenes de gobierno, revisen y atiendan las Recomendaciones de la CEDAW, orientadas a formular políticas y programas para hacer frente a los factores de riesgo nuevos y existentes de la violencia por razón de género contra las mujeres; proporcionar mecanismos accesibles, confidenciales, de apoyo y eficaces a todas las mujeres que deseen denunciar casos de violencia por razón de género; así como adoptar políticas y estrategias a largo plazo para hacer frente a las causas fundamentales de la violencia por razón de género contra las mujeres en situaciones de desastre.
