Sr. López
Se decía de tía Marita (Amaranta, pero ni modo de decirle así), que de joven había sido un dulce; este menda la conoció ya mayor, malencarada y más desconfiada que una novicia pasando frente a un cuartel. Tanto que cuando su marido, tío Néstor, la nombró su heredera universal, se puso brava, regresó con él a la notaría y no salieron hasta que puso todo a nombre de ella (su casa, no imagine fortunas). Bien merecido lo tenía el tío,: cuando ya tenían siete críos, ella descubrió que el cura ante el que se casaron, era un borrachín amigote del tío, seminarista reventado y que el juez ante el que se firmó el acta del matrimonio civil, era otro amigote de él, agente de la judicial y a casarse a la chita callando. Le hizo muchas: iban a Veracruz de Luna de Miel (eran los tiempos), pero lo asaltaron y pasaron unos días en Xochimilco, comiendo en trajineras. Cuando enviudó, resultó que la casa estaba vendida. Total, tía Marita acabó viviendo sin creer en nadie ni nada. Chin.
Importa distinguir. No es lo mismo atrás que en ancas, decían antes. Nuestro actual gobierno federal parece confundir las cosas cuando de inseguridad pública se trata.
En México, las bandas de la delincuencia organizada han dejado de ser un problema policiaco y de seguridad pública, para transformarse en un problema de estabilidad social y peor todavía, de hegemonía del Estado, entendido este no solo como gobierno sino como ese todo que estructura la vida nacional: el gobierno, sus instituciones, los órganos autónomos, las organizaciones civiles, obreras y empresariales, todos bajo las mismas leyes propiciando el desarrollo libre de la ciudadanía y su progreso, evitando el sufrimiento evitable. Y el gobierno con el monopolio de la fuerza y de la exacción, ese quitar dinero a la gente que llamamos impuestos (más derechos, productos, aprovechamientos y otras lindezas más que permiten el necesario flujo de dinero al erario).
El actual gobierno federal desperdicia tiempo y sesos echando culpas al pasado, insistiendo en el tiradero que recibieron, sin asumir la realidad, como primer paso para adoptar medidas que resuelvan los problemas presentes.
Siendo cierto que este gobierno no es culpable del despelote que encontraron en la seguridad pública, sí es responsable de atacar el problema ahora. Siendo cierto que hasta el 30 de noviembre de 2018, todo es responsabilidad de los anteriores gobernantes, es igualmente cierto que desde el 1 de diciembre de ese año, es de la exclusiva responsabilidad de los actuales.
Las arengas del combate a la corrupción y la restauración de la seguridad pública, convencieron a buena parte del electorado para darles el poder, todo el poder: por fin llegaría a la presidencia alguien realmente comprometido, sin condiciones ni excusas.
La corrupción terminaría el mismito 1 de diciembre, ofreció el candidato ganador, porque si el Presidente era honesto, se hacía imposible la corrupción de abajo y ya ve goza de cabal salud el monstruo y hay indicios de que no solo se profundiza sino que alcanza estamentos antes ajenos, como nuestras fuerzas armadas.
Y se comprometió a que la seguridad pública en seis meses sería recuperada, en cuanto estuvieran en operación los programas sociales que atacarían las causas de delincuencia. Se puede ser ingenuo hasta cierto límite pasado el cual se entra en el terreno de la estulticia: no hay programa social que pague lo que paga la delincuencia organizada (y aparte, se puede recibir el dinero que regala el gobierno, sin dejar de prestar servicios al narco de su preferencia).
Sobran indicios de que la inseguridad pública a manos de la delincuencia organizada, lejos de ceder, aumenta. A casi a tres años de iniciada la presente administración, desde el comienzo de este gobierno y hasta el 31 de agosto pasado, suman ya 98 mil 431 homicidios dolosos conforme a las cifras oficiales; en el mismo lapso, en el gobierno de don Chente Fox, iban 39 mil 742; en el de Calderón, 37 mil 906; en el de Peña Nieto, 60 mil 343. No se concibe que el Presidente sostenga que se ha contenido esto y que marginalmente disminuye: suma en ese periodo casi los mismos asesinatos que los dos sexenios anteriores.
Y lo anterior no es lo peor, hay un agravante nunca visto en la historia del país: la sospecha fundada y creciente de que las bandas criminales influyeron en alguna medida en los pasados comicios del 6 de junio, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y tal vez en Zacatecas también; está documentado, hay denuncias, ya pasó y nada pasa, basta aludir a otros datos y siguen con su gobierno circense.
De aquí al cambio de Poder Ejecutivo en 2024, no es difícil adivinar qué ruta seguirá el gobierno federal: la misma que hasta ahora. Los problemas en salud pública, educación, economía, empleo e infraestructura, son serios, muy serios, pero no determinantes del futuro mediato del país; la chusca política exterior con su cuadro cómico de liderazgo latinoamericano frustrado, tampoco. Todo se puede reconstruir, será reconstruido. Otra vez.
Lo único verdaderamente grave y de consecuencias imprevisibles, es que este gobierno nos entregue el país con las bandas criminales incrustadas en el primer nivel de la administración pública.
Mientras no se asuman los hechos, mientras no se quiera ver la realidad o viéndola se niegue recurriendo al desdén y la respuesta mañanera que no admite réplica, seguirán afianzándose los criminales en los cotos que controlan y profundizarán su influencia haciendo cada vez más difícil articular la respuesta nacional contra ellos.
Ayer, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en su comparecencia ante Senado, dijo que el gobierno no busca ganar una guerra, sino lograr la paz así de mal estamos, por eso no podemos esperar nada, buscan la paz sin dar la batalla diría Churchill: se les dio a elegir entre el deshonor o la guerra, escogieron el deshonor y tendrán la guerra.
