Eduardo García Polinciano
Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.
El transitorio que no fue
Finalmente, el martes pasado, durante la sesión del pleno de la Corte se determinó que el artículo 13 transitorio de la reforma secundaria del Poder Judicial para ampliar el periodo de la presidencia de la Corte es inconstitucional. Con la decisión tomada el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no podrá extender del 2022 al 2024 su periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cabe recordar que dicho artículo transitorio fue incluido y aprobado por los senadores y diputados de MORENA y sus aliados legislativos, a petición del presidente de la República, quien argumentó que el ministro Zaldívar era el único capaz para lograr la renovación y limpieza de corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación.
En la discusión del dictamen en ambas cámaras la mayoría legislativa argumento que no era reelección y que no se confundiera a la gente con ese argumento, sino que solo se ampliaba la duración del encargo como presidente de la Suprema Corte de su actual titular por única ocasión y con un objetivo específico: cumplir con la implementación de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.
También dijeron que tampoco se trataba de un traje a la medida ni ser considerada como la puerta de entrada a la reelección presidencial, invitaban a la reflexión a despojarse de filias y fobias políticas, y no mezclar en esta discusión elementos jurídicos con motivaciones político-electorales.
Lo que a todas luces era inconstitucional ellos lo defendieron con esos argumentos.
La disposición que se aprobó contenía un transitorio que violaba la Constitución, que como se sabe, establece en su artículo 97, párrafo quinto, que cada cuatro años el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. Sin embargo, por legislar a las carreras, no escuchar a la oposición y atender la solicitud expresa del Poder Ejecutivo para aprobarla tuvo sus consecuencias legales y la Suprema Corte aplicó la ley expresamente. Qué bueno que sigue existiendo en el país la división de Poderes, precisamente para evitar excesos de una mayoría parlamentaria.
Nuevo Ministro de la Corte
El presidente de la República, envío en la semana recién terminada la propuesta para elegir a la nueva persona que ocupará un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que quedará vacante el 12 de diciembre, con el término del periodo para el que fue designado del ministro Fernando Franco. La terna está compuesta por Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Loretta Ortiz Ahlf, los tres cuentan con experiencia para asumir el cargo. El Senado de la República aprobó el procedimiento para elegir al que ocupe el puesto. En el acuerdo se establece que el Senado cuenta con un plazo improrrogable de 30 días para designar, de entre las propuestas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Ministra o al Ministro que deba cubrir la
mencionada vacante. La elección se realizará a través de votación por cédula, como lo marcan los artículos 97, párrafo 1, fracción III y 101 del Reglamento del Senado de la República.
La persona que resulte electa rendirá inmediatamente la protesta al cargo.
Ya los tres aspirantes comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado y de acuerdo con el formato para la designación del nuevo ministro, una vez que se desahoguen las comparecencias de la terna, la Comisión elaborará y aprobará el dictamen de elegibilidad correspondiente, a fin de someterlo al Pleno del Senado.
Este documento deberá publicarse en la Gaceta del Senado por lo menos 24 horas antes de la sesión en que se someta a la consideración de la Asamblea. Estaremos atentos al desenlace del procedimiento, pero todo indica que la designada será Loretta Ortiz Ahlf.
Protección al planeta
En la semana en el Senado se aprobaron dos dictámenes importantes para la conservación del planeta el de Economía Circular y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de plásticos y residuos sólidos urbanos.
Con relación a la reforma que expide la Economía Circular pretende que el valor de los productos, materiales y recursos se mantengan vigentes dentro del ciclo económico durante el mayor tiempo posible, para así reducir al mínimo la generación de residuos. Reducir el impacto ambiental derivado de las actividades económicas, minimizando el desperdicio de materiales y disminuyendo el consumo de materias vírgenes a través de la reutilización, el reciclaje y el rediseño.
También tiene el fin de disminuir la generación de los residuos y su carga contaminante, para minimizar el impacto en el medio ambiente y la salud humana.
Estimula el desarrollo económico, a través de la valorización de los residuos como fuente de materias primas secundarias, de la erradicación de la destrucción de valor de los residuos y de la obsolescencia programada de los productos en las cadenas económicas.
intentará que aquellos residuos que no puedan ser valorizables o integrados en el ciclo productivo sean dispuestos sin deteriorar el medio ambiente y facilitar la incorporación a la economía nacional de productos de bajo impacto ambiental.
Impulsará e implementará el desarrollo tecnológico para el reciclaje, la reutilización y el rediseño de productos basado en un esquema de Economía Circular, siendo esta una estratégica que tiene por objetivo reducir la entrada de los materiales vírgenes como la producción de desechos.
La reforma dispone que se deberá desarrollar y promover la integración del sector informal asociado con el reciclaje de los residuos. Esto les permitirá salir de la informalidad fiscal, comercializar sus productos con personas físicas o morales, cuya actividad esté relacionada con las materias primas secundarias, y les brindará oportunidades para acceder a los programas instrumentados en la Ley.
Plantea que los gobiernos municipales sean responsables de regularizar e integrar en un padrón oficial, a las personas que realicen alguna actividad de acopio, compraventa, reciclaje y aprovechamiento de los subproductos con valor comercial, esto con el fin de mejorar las condiciones de trabajo en sus instalaciones y profesionalizar su actividad.
Su ejecución será tarea del Ejecutivo Federal, a través de Semarnat; sin embargo, podrá suscribir convenios con los gobiernos estatales y municipales para delegar el ejercicio de estas facultades y funciones.
Establece que toda persona física o moral cuya actividad sea la fabricación, elaboración, producción, importación o manufactura de envases y empaques, estará obligada a presentar ante la Semarnat, para su registro, un Plan de Economía Circular.
Señala que quienes se dedican a la fabricación, elaboración, manufactura, producción y distribución de aparatos eléctricos y electrónicos deberán contar con un plan de manejo de residuos, que cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas y con lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Dispone que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporarán modalidades educativas que contemplen en sus contenidos los temas relativos a la Economía Circular. Esto se realizará con la coordinación de la Semarnat y la Secretaría de Educación Pública.
Prevé multas por el equivalente de 20 a 60 mil Unidades de Medida y Actualización vigente al momento de imponer la sanción, así como la clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando el infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas.
Finalmente busca que la Federación no tenga todo el control de este modelo, sino que se le dé facultades a las entidades federativas y municipios.
En cuanto a la reforma para revertir impacto ambiental por residuos plásticos, pretende revertir el impacto ambiental que genera el mal manejo de los residuos plásticos y responder a los instrumentos internacionales en materia ambiental que han sido aprobados y ratificados por México. Ambas reformas fueron turnadas a la Cámara de Diputados y se prevé que sean aprobadas en el presente periodo.
Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.
