El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, es investigado por diversos delitos relacionados con la compra irregular del equipo de espionaje Pegasus por el que se pagaron 456 millones 843 mil 149 pesos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El organismo autónomo, a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero informó que, por el momento, se está gestionando una orden de aprehensión en contra de este y otros exfuncionarios involucrados en la compra, además de que en su momento se buscará fincar cargos por el delito de espionaje.
En dicha investigación se advierte la existencia de un concurso de delitos consistentes en peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa; y cuyos presuntos responsables fueron Tomás “Z”, director en jefe de la AIC de la Procuraduría General de la República (PGR), así como otros servidores públicos que, por razón de secrecía y viabilidad procesal, no se identifican en este momento.
Actualmente se está gestionando la solicitud de orden de aprehensión contra quien proceda, así como las pautas para ejercitar acción penal.
Por lo que toca al uso de dichos equipos, se estará en posibilidad de ampliar la acción penal por los delitos vinculados por el espionaje ilegal, en el momento procesal en que se obtenga información al respecto”, indicó la FGR, en un comunicado.
Se explicó que el equipo se compró el sexenio pasado, por la entonces PGR, sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.
El organismo a cargo de Gertz Manero indicó que, junto con esta carpeta de investigación, existe otra por el uso de Pegasus para realizar intervenciones telefónicas ilegales en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
En relación con este caso, el 26 de agosto de 2021, la FGR ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos García, por su probable responsabilidad, como coautor, en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones.
El Ministerio Público solicitó aplicación de la agravante prevista en artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión.
García fue detenido el 1 de noviembre del año pasado, y fue puesto a disposición de un Juez de Control, quien el día 6 de ese mes y año, determinó vincularlo a proceso y determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones.
La FGR indicó que, en este caso, se han presentado elementos que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema Pegasus mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas.
Por: Excélsior
