Lorenzo Córdova y Ciro Murayama calificaron como política la decisión de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de interponer denuncias penales contra seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), esto luego de que se confirmara el retiro de las mismas.
A través de su cuenta de Twitter los consejeros se pronunciaron sobre el caso después de que la Presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro, la cual ostenta Sergio Gutiérrez Luna, anunció el desistimiento de las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Lorenzo Córdova señaló que es fundamental la defensa de libertades y valores que sustentan a la democracia.
Por su parte, Murayama, celebró la detención de persecución penal contra los consejeros.
Lo hace tras la amplia reprobación pública a su pretensión, lo que confirma que se trató de una decisión estrictamente política. Y, además, de corte autoritario, escribió.
Gutiérrez presentó denuncias ante la FGR en contra de los miembros del INE que el pasado 17 de diciembre votaron a favor de aplazar las actividades de la revocación del mandato de López Obrador.
Los consejeros que aprobaron la medida argumentaron que el ente no cuenta con dinero suficiente para organizar el referendo, un instrumento aupado por el propio López Obrador y que consiste en preguntar a la población si quiere que continúe en el cargo o que dimita.
La decisión del INE, que ha quedado sin efectos por orden de la Suprema Corte, ha enfrentado nuevamente al instituto con el presidente, que impulsa la consulta aprovechando sus índices de aprobación, en torno al 60 por ciento.
La acción penal motivó a que el INE emitiera un comunicado suscrito por sus 11 integrantes, incluidos los miembros que votaron en contra del aplazamiento y que fueron propuestos en el cargo por Morena.
Las diferencias de opinión no se persiguen como delitos, señaló el escrito de los consejeros.
De acuerdo con la prensa mexicana, el Ministerio Público ya había comenzado las indagatorias por los supuestos delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.
Con información de López-Dóriga Digital y EFE
